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Bruselas evita opinar sobre los cambios en la mayoría para elegir el Constitucional e insiste en la renovación del Poder Judicial

Irene Castro

Bruselas —

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Silencio por el momento en Bruselas respecto a los cambios que el PSOE y Unidas Podemos quieren hacer en el marco de la reforma del Código Penal para acabar con el bloqueo del Tribunal Constitucional que está generando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre las enmiendas que han registrado los grupos que sustentan al Gobierno de coalición bajo la premisa de que se trata solo de un anuncio, pero ha apremiado de nuevo a que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, que supera ya los cuatro años con su mandato caducado.

“Es un anuncio. No comentamos anuncios”, ha respondido el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, sobre la propuesta adelantada por elDiario.es que consiste en la reducción de la mayoría de tres quintos exigida hasta ahora al CGPJ para que designe magistrados en el Constitucional y para achacar responsabilidades penales a los vocales y el presidente de ese organismo que bloqueen la renovación del tribunal de garantías así como la supresión de la verificación de los magistrados.

El portavoz ha asegurado que estaba al tanto de la propuesta y la ha enmarcado en el bloqueo del sistema judicial español. Así, ha aprovechado para recordar quela “prioridad” para Bruselas es que se renueve el CGPJ y que, a partir de ahí, se pongan en marcha los cambios legales pertinentes para avanzar en las líneas que propone la Comisión para que los jueces tengan un mayor peso en la elección de su órgano de gobierno.

Esa ha sido la postura de Bruselas desde hace años ante el bloqueo del Poder Judicial por la negativa del PP, primero de Pablo Casado y ahora de Alberto Núñez Feijóo, de renovarlo y ante los intentos de ese partido de elevar a las instituciones europeas ese conflicto. En su visita a España en el mes de septiembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, insistió en la presión a los conservadores para que desbloqueen la situación antes de que se ponga en marcha la reforma del sistema.

A pesar de que se trata por ahora de una enmienda, la intención del Gobierno es acelerar al máximo esos cambios legislativos al introducirlos vía enmiendas en la reforma del Código Penal con la que van a tocar la sedición y la malversación en el marco de las negociaciones con ERC. Dichas enmiendas se debatirán en la Comisión de Justicia del Congreso el lunes con la pretensión de que las nuevas reglas estén aprobadas definitivamente antes de que acabe el año tras pasar por el Senado.

Silencio por el momento en Bruselas respecto a los cambios que el PSOE y Unidas Podemos quieren hacer en el marco de la reforma del Código Penal para acabar con el bloqueo del Tribunal Constitucional que está generando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre las enmiendas que han registrado los grupos que sustentan al Gobierno de coalición bajo la premisa de que se trata solo de un anuncio, pero ha apremiado de nuevo a que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, que supera ya los cuatro años con su mandato caducado.

“Es un anuncio. No comentamos anuncios”, ha respondido el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, sobre la propuesta adelantada por elDiario.es que consiste en la reducción de la mayoría de tres quintos exigida hasta ahora al CGPJ para que designe magistrados en el Constitucional y para achacar responsabilidades penales a los vocales y el presidente de ese organismo que bloqueen la renovación del tribunal de garantías así como la supresión de la verificación de los magistrados.

El portavoz ha asegurado que estaba al tanto de la propuesta y la ha enmarcado en el bloqueo del sistema judicial español. Así, ha aprovechado para recordar quela “prioridad” para Bruselas es que se renueve el CGPJ y que, a partir de ahí, se pongan en marcha los cambios legales pertinentes para avanzar en las líneas que propone la Comisión para que los jueces tengan un mayor peso en la elección de su órgano de gobierno.

Esa ha sido la postura de Bruselas desde hace años ante el bloqueo del Poder Judicial por la negativa del PP, primero de Pablo Casado y ahora de Alberto Núñez Feijóo, de renovarlo y ante los intentos de ese partido de elevar a las instituciones europeas ese conflicto. En su visita a España en el mes de septiembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, insistió en la presión a los conservadores para que desbloqueen la situación antes de que se ponga en marcha la reforma del sistema.

A pesar de que se trata por ahora de una enmienda, la intención del Gobierno es acelerar al máximo esos cambios legislativos al introducirlos vía enmiendas en la reforma del Código Penal con la que van a tocar la sedición y la malversación en el marco de las negociaciones con ERC. Dichas enmiendas se debatirán en la Comisión de Justicia del Congreso el lunes con la pretensión de que las nuevas reglas estén aprobadas definitivamente antes de que acabe el año tras pasar por el Senado.

Silencio por el momento en Bruselas respecto a los cambios que el PSOE y Unidas Podemos quieren hacer en el marco de la reforma del Código Penal para acabar con el bloqueo del Tribunal Constitucional que está generando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre las enmiendas que han registrado los grupos que sustentan al Gobierno de coalición bajo la premisa de que se trata solo de un anuncio, pero ha apremiado de nuevo a que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, que supera ya los cuatro años con su mandato caducado.

“Es un anuncio. No comentamos anuncios”, ha respondido el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, sobre la propuesta adelantada por elDiario.es que consiste en la reducción de la mayoría de tres quintos exigida hasta ahora al CGPJ para que designe magistrados en el Constitucional y para achacar responsabilidades penales a los vocales y el presidente de ese organismo que bloqueen la renovación del tribunal de garantías así como la supresión de la verificación de los magistrados.