Los cabecillas de Gürtel no convencen a la Fiscalía Anticorrupción

El primer gran juicio de Gürtel encara su final tras un año de sesiones. Acusaciones y defensas tienen que presentar ahora sus escritos de conclusiones antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes las suyas, con las que deja claro que no se cree ninguna de las alegaciones exculpatorias de los principales acusados. Mantiene las peticiones de pena para los principales acusados e insiste en que el PP y Ana Mato deben ser condenados por lucrarse con los delitos de la trama.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás insisten en las peticiones de condena que figuran en el escrito de acusación que presentaron en enero de 2015. Solo una mínima rebaja para Luis Bárcenas y Alberto López Viejo, a quienes elimina un delito fiscal, pero que apenas tiene grandes consecuencias en su condena. Francisco Correa, cabecilla de la trama, no ha conseguido una reducción con su testimonio vestido de confesión.

Francisco Correa: Declaró durante tres días. “Voy a reconocer los hechos, pero voy a intentar esclarecer algunos hechos que no se corresponden con la realidad”, comenzó diciendo. Aunque se especuló con que aquella confesión respondía a un pacto con la Fiscalía -algo que su defensa siempre negó- las conclusiones de Anticorrupción lo descartan: mantiene una petición de 125 años de prisión.

Su declaración no le ha servido para obtener una reducción de la petición inicial, pero ha ayudado a consolidar los indicios que había contra otros acusados. Durante sus casi 12 horas de declaración reveló el sistema de cobro de comisiones a grandes empresarios junto a Bárcenas -sin dar más nombres-, explicó que había pagado de su bolsillo campañas electorales para el PP y detalló una larga lista de dádivas a cargos del PP como Jesús Sepúlveda.

Luis Bárcenas: Se sentó en frente al tribunal y a las fiscales el 16 de enero con dos objetivos. Librar de toda responsabilidad a su mujer y convencer a la sala que su ingente fortuna escondida en Suiza tenía un origen legal. La Fiscalía mantiene que su esposa, Rosalía Iglesias, debe cumplir 24 años de cárcel y a él solo le rebaja de 42 a 39 los años de prisión. Le quita uno de sus ocho delitos contra Hacienda.

El extesorero del PP, que se mostró en varias ocasiones desafiante con la Fiscalía, trató de justificar sus ingresos con negocios de compraventa de arte y préstamos verbales. Sacaba de aquí y de allí, pero la suma total de esos negocios quedaba muy lejos de los 48 millones que los investigadores localizaron en sus cuentas de Suiza. Su declaración sí dejó una confesión que ayuda a la Fiscalía a mantener su acusación contra el PP: reconoció que llevaba una “contabilidad extracontable”.

Pablo Crespo: Considerado como el número dos de Correa, su estrategia fue diametralmente opuesta a la de su antiguo jefe. Negó todos los hechos y presentó su trabajo al frente del entramado de empresas de Gürtel como el de un mero transmisor de las órdenes de Correa. Se desentendió del diseño de la madeja societaria para difuminar el rastro del dinero, a pesar de que había plasmado ese diseño en distintos esquemas en su agenda personal.

Crespo se enfrentó a la Fiscalía y renegó de sus declaraciones anteriores. Dijo que una se había producido tras estar encerrado en un calabozo que definió como “una mazmorra de la Edad Media” y la otra por estar “viciada” por las grabaciones de juez Baltasar Garzón. Anticorrupción no se cree que no participase en la operativa diaria de la trama, así que mantiene la petición de 85 años y 6 meses de prisión.

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’: Llegó al día de su declaración tras la definición que había hecho de él Pablo Crespo: “un artista capaz de arruinar una mina de oro”. Se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía y tan solo respondió a su abogado. “Yo al señor Bárcenas no le he entregado nada de nada, lo único que le he dado son los buenos días o las buenas tardes” o “Lo repetiré para ayudar a los ríos de tinta: soy un desastre en eso”, refiriéndose a la gestión empresarial, fueron algunas de las frases que dejó durante su declaración.

El escrito de acusación la Fiscalía señala que Pérez se encargaba de los regalos en efectivo y en especie, además de comandar los trabajos de la Gürtel cuando centró su actividad en Valencia. La petición de pena para él se mantiene en 5 años y dos meses de cárcel delitos de cohecho.

Jesús Sepúlveda: Se enfrentó al día de su declaración después de que Correa hubiese confesado todos los regalos que le hizo a él y a su mujer, la exministra del PP Ana Mato. Reconoció algunos de esos regalos y los enmarcó en la relación de amistad que le unía al cabecilla de la trama. Sin embargo, negó que Correa le hubiese regalado un Jaguar, para lo que ofreció una intrincada explicación. Negó el cobro de comisiones, pero la Fiscalía insiste en que se lucró con dinero negro de la trama y pide que sea condenado a 15 años y 4 meses.

Alberto López Viejo: Tenía una difícil defensa después de que Correa y otros integrantes de las empresas de Gürtel le acusasen de cobrar comisiones, fraccionar contratos y desviar dinero de la Comunidad de Madrid para pagar actos del PP. Enunció que la trama corrupta “no existía”, pero la Fiscalía, que sostiene todo lo contrario, solicita una condena de 39 años de cárcel, seis menos que la inicial al eliminar los delitos fiscales.

Ana Mato y el PP: Los dos acusados de ser partícipes a título lucrativo. El abogado del partido se negó a contestar a la Fiscalía cuando llegó su turno y con esa decisión arrastró a Mariano Rajoy al juicio. La exministra de Sanidad aseguró que nunca le llamó la atención que en su garaje hubiera coches de alta gama. “En lo personal de cada uno, no nos rendíamos cuentas”, dijo para justificar su presunto desconocimiento del alto nivel de vida de su marido.

La Fiscalía mantiene la petición de condena para ambos: 28.467,53 euros de multa para Mato y 245.492 euros para el PP.

Los arrepentidos: Hace un año, cuando comenzó el juicio, la Fiscalía pidió que se alterase el orden de la declaraciones para que comenzasen tres acusados con los que había alcanzado un pacto: el empresarios Jacobo Gordon, el constructor Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal del PP en Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández.

Todos reconocieron los hechos y han obtenido importantes rebajas de condena. Gordon pasa de dos años a cinco meses, García Pozuelo de cuatro años y seis meses a dos años y Fernández de dos años y tres meses a 11 meses de cárcel.