Campo pide textos jurídicos claros: nos hemos mirado al ombligo mucho tiempo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado este lunes al sentido común para avanzar en la modernización del lenguaje jurídico: “No podemos consentir que la comunicación aumente la brecha de la desigualdad; no podemos exigir a un ciudadano que cumpla una ley que no termina de entender”.

“Nos hemos mirado al ombligo durante muchos tiempo, hemos mirado poco a la cara y a los ojos de los ciudadanos”, ha subrayado en la inauguración de una jornada sobre modernización del lenguaje jurídico organizada por el Colegio de Registradores.

El ministro ha ratificado su compromiso con ese objetivo, perseguido desde hace muchos años pero que sigue siendo, ha dicho, una asignatura pendiente y ha subrayado la necesidad de superar un lenguaje “oscuro”, “críptico” y muchas veces incomprensible.

Como secretario de Estado de Justicia presidió la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico creada en 2009 que emitió su informe en 2011, pero el desafío, ha recordado, “quedó inconcluso por los avatares de la política”.

Lo retoma ahora como ministro, convencido, como señalaba ese informe, de que “una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprende”.

Tras recalcar que el lenguaje no es “inocuo ni neutral”, sino que está cargado de intencionalidad, ha abogado por escribir con transparencia y claridad y, por ejemplo, acabar con el abuso de latinismos, arcaísmos y “sobreactuaciones”, lo que no significar ni vulgarizar ni banalizar el lenguaje jurídico.

Frente aquellos que temen que se pierdan las esencias del mundo del derecho o la especialización técnica, ha alertado de la tentación de mantener la incomunicación con los ciudadanía y ha garantizado que la claridad en la expresión aumenta la seguridad jurídica, favorece que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y fortalecerá la confianza en las instituciones.

Y ha advertido: “Lograr que la comunicación resulte sencilla y clara exige un profundo conocimiento técnico de la materia” y cambiar el registro en función del interlocutor exige una gran competencia.

Ha abogado así por el “derecho a comprender”, que se estableció en 2002 en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia y cuya realización sigue en muchos casos pendiente.