Un catedrático cree que el Gobierno puede actuar ya contra la ley de referéndum: el anuncio de un delito también lo es

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco asegura que el Gobierno debería iniciar actuaciones ya contra el proyecto de ley de referéndum de independencia de Cataluña, porque entiende que se ha anunciado la comisión de un delito lo que también es delictivo según el Código Penal.

“Si usted dice en rueda de prensa que mañana va a atracar un banco, el fiscal interviene”, ha explicado este experto, en declaraciones a Europa Press. “El anuncio de la comisión de un delito es en sí mismo delictivo”, subraya.

Blanco interpreta que el contenido de la norma que se anuncia supone “una desobediencia clara y expresa a las órdenes” del Tribunal Constitucional, que ha prohibido cualquier acto preparatorio del referéndum de independencia.

El Ejecutivo, a su juicio, podría poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos en aplicación del Código Penal, que persigue la conspiración, la proposición y la provocación para realizar delitos. “Y esto de hoy es el anuncio de varios delitos”, agrega.

Además de esta actuación previa, quedará el recurso al Tribunal Constitucional una vez que el texto anunciado se convierta en proyecto de ley y también si llega a ser aprobado por el Parlamento de Cataluña.

APLICAR EL 155 DE LA CONSTITUCIÓN

Roberto Blanco, que dice que todo lo anunciado es “una monstruosidad jurídica”, subraya que existen instrumentos para reponer la legalidad cuando se incumple, pero que a su juicio el problema de fondo es qué hacer cuando la autoridad política “manifiesta la voluntad” permanente de incumplir las normas y desobedecer al Tribunal Constitucional.

La única respuesta para este catedrático es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, redactado para obligar a una administración al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones legales, según dice la Carta Magna.

Este catedrático explica que el artículo, copiado de la constitución alemana, sólo dice que se pueden tomar “medidas” para “reponer el cumplimiento de la legalidad”, pero no apunta cuáles. Si el Gobierno “actúa con prudencia” al respecto, interpreta, es porque la aplicación de ese artículo “es lo que espera el independentismo para movilizar a una opinión pública desmovilizada”.

LA “EXPROPIACIÓN” DE UN CENSO

Roberto Blanco añade que la norma anunciada hoy es de “carácter profundamente antidemocrático” por no establecer mínimos necesarios para considerar el referéndum vinculante ni un porcentaje que dé validez al resultado. “Las cuestiones de identidad no se pueden decidir por mayoría”, apunta este catedrático.

También denuncia la inclusión forzosa de los ciudadanos en un censo, el que va a crear la Generalitat para poder celebrar el referéndum del uno de octubre. Según se ha anunciado, no se podrá renunciar a formar parte de este listado.

El catedrático explica que formar parte de este censo significa dejar de formar parte del censo de otra nación, la española. “Es la expropiación del derecho a la nacionalidad española a miles de personas, algo insólito”, asegura Blanco, que apunta que estos ciudadanos podrían denunciar en los tribunales su inclusión en un censo elaborado por una administración sin competencia para ello.