El Cejil exige publicidad del juicio por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

La organización defensora de los derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió a Honduras transparencia y la publicidad del juicio que se inicia hoy contra ocho acusados por el asesinato de la activista Berta Cáceres.

El Cejil indicó en un comunicado que dentro de los obstáculos dispuestos por el tribunal de juicio a la representación de las víctimas se encuentra la prohibición de que las audiencias sean transmitidas públicamente.

La organización afirmó que esta disposición “niega la difusión amplia” del proceso e “impide a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional conocer lo que acontece en el mismo”.

“Estas acciones son graves, porque amenazan directamente el derecho a la verdad y la justicia para las personas vinculadas al caso, pero también para la sociedad en su conjunto”, advirtió.

La decisión del Tribunal “de impedir la transmisión del juicio genera dudas sobre la imparcialidad de este órgano y su voluntad de actuar de manera transparente”, declaró la directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Marcia Aguiluz.

La organización agregó que la emisora hondureña Radio Progreso solicitó al Tribunal la autorización para transmitir en directo el proceso, pero su petición no ha sido contestada.

El Cejil anunció que presentó un Amicus Curiae (opinión técnica jurídica) ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de lo Penal, para exponer las razones por las cuales a un juicio de estas características se le debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, de acuerdo con estándares internacionales.

“El principio de publicidad penal se constituye como un medio esencial para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo”, expresó Cejil.

La organización aseguró que una amplia cobertura mediática y la transmisión en vivo de las audiencias “resultan las únicas opciones para que se garantice el derecho a la verdad y al acceso a la información”.

La ambientalista Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.

Todos son acusados por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

El asesinato de Berta Cáceres, según un informe divulgado en octubre de 2017, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA -cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, está detenido desde marzo como presunto autor intelectual del crimen- en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.