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El chavismo considera “golpe de estado parlamentario” proceso de remoción jueces

EFE

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El jefe de la bancada chavista en el Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, llamó hoy a marchar mañana en contra de lo que consideró el “golpe de estado parlamentario” de la mayoría opositora de la Cámara para intentar remover a siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Rodríguez dijo que el Legislativo “no tiene potestad” para remover a los jueces ya que, según la Constitución, se precisa el aval del Poder Ciudadano -que ha negado la ruptura del orden constitucional en el país- así como las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, algo con lo que, aseguró, no cuenta la oposición.

En una rueda de prensa, el diputado pidió al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a su Gobierno que “se ejerza toda la autoridad del Estado para que aquí más nunca volvamos a vivir los tiempos difíciles que vivimos en 2014”, en alusión a las protestas antigubernamentales de ese año que se saldaron con 43 muertos y decenas de heridos y detenidos.

Indicó también que la movilización chavista del jueves recorrerá el oeste de Caracas desde la sede de la Defensoría del Pueblo hasta los alrededores de la AN, el mismo día que los opositores han convocado a una concentración en el este de la capital venezolana para respaldar la destitución de los magistrados.

Rodríguez aseveró que esta iniciativa contra el Supremo por parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “tiene que ver con que hay una clara situación de mejora de la situación política nacional” pese a “toda la presión internacional”.

El diputado participó hoy durante casi una hora en el debate parlamentario y acusó a la mayoría antichavista de violar la Constitución con la iniciativa en cuestión tras reiterar que será imposible concretar las remociones.

La mayoría opositora en el Parlamento insiste en denunciar la existencia de un golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en el país por dos sentencias, ya revocadas, que despojaban al Legislativo de sus competencias y limitaban la inmunidad de los diputados.

Por ello pretende destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que firmaron estas decisiones.

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