El chavismo inscribe sus fichas y avanza con la Constituyente pese a las críticas

El chavismo activó su maquinaria para avanzar en la postulación de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente, Nicolás Maduro, pese a las fuertes críticas y solicitud de aclaratoria sobre este proceso que hizo hoy la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se sumó a la lista de postulados y pidió a otros militantes chavistas que sigan sus pasos en la que se suponía era la última jornada de inscripciones y que se extendió un día más por orden del Poder Electoral.

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Sandra Oblitas indicó que desde miércoles hasta las 14.00 hora local (18.00 GMT) de este jueves, este organismo ha recibido 9.513 postulaciones en el ámbito territorial, mientras que en el ámbito sectorial contabilizan 9.806 solicitudes que se disputarán más de 500 vacantes.

Por iniciativa de Maduro, los 545 representantes que redactarán la nueva Constitución serán designados mediante “voto universal, directo y secreto” y en “ámbitos territoriales y sectoriales”, lo que ha sido visto como un “fraude” por la oposición venezolana.

La fiscal también ha criticado fuertemente la convocatoria a la Constituyente y hoy rechazó el fallo que emitió ayer el Supremo en el que permite a Maduro convocar a una asamblea que redacte una nueva Carta Magna sin necesidad de que se realice un referendo.

Ortega Díaz reiteró este jueves que una Asamblea Nacional Constituyente solo puede ser convocada por el pueblo y que no se puede pedir una modificación del texto constitucional “sin la aprobación del pueblo de Venezuela” y pidió una “aclaratoria” a la Sala Constitucional de la máxima corte por esta decisión.

Por su parte, la exdefensora del Pueblo, la chavista Gabriela Ramírez, renunció a su cargo de asesora en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) días después de haber hecho pública su posición de rechazo a la Constituyente por no haberse sometido a una consulta popular.

El actual defensor del Pueblo, el también chavista Tarek William Saab, insistió en que el diálogo es la solución para los problemas que atraviesa Venezuela y ofreció su despacho como un puente para encontrar las vías de entendimiento en el país.

Asimismo, totalizó en 65 el número de personas muertas en el país en medio de la ola de protestas oficialistas y opositoras iniciada el pasado 1 de abril, un número superior al balance del Ministerio Público que habla de 61 fallecidos.

El funcionario dijo que esa institución ha contabilizado “52 personas fallecidas en el contexto de la protesta y la manifestación” y que otros 13 ciudadanos “han fallecido en el contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos”.

Saab pidió, además, que prevalezca la jurisdicción penal ordinaria en aquellos casos en que algún civil sea acusado de cometer un delito militar, y siempre y cuando el delito esté tipificado en el Código Penal venezolano.

Además, exigió a los cuerpos de seguridad que “se abstengan” de “propulsar” las bombas lacrimógenas “de forma directa contra las personas”, y exhortó a que su uso sea “en forma estrictamente localizada a fin de distar su difusión y extensión en edificaciones que congreguen personas”.

La jornada en la convulsionada Venezuela se sintió movida por estas declaraciones en un día en que no se desarrolló ninguna marcha en contra del Gobierno como se vienen dando desde hace 62 días, unas manifestaciones convocadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Para mañana, esta alianza ha invitado a marchar, junto a dirigentes estudiantiles, hasta el canal estatal VTV al que quieren exigir que “transmitan la verdad”.

La marcha se desarrollará en los municipios caraqueños de Chacao y Sucre cuyos alcaldes -ambos opositores- recibieron la orden del Supremo de impedir protestas que bloqueen sus calles.

Hoy el TSJ también ordenó al gobernador del estado Miranda (centro), el opositor Henrique Capriles, realizar las “acciones” necesarias para evitar el bloqueo de las vías en medio de las protestas que se registran en el país y advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.