El Colegio de Farmacéuticos de Madrid condena y rechaza el tráfico de medicinas

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha expresado su “más firme condena y rechazo” a las prácticas de “distribución inversa” de medicamentos, tras el desmantelamiento por la Guardia Civil de una red de tráfico de medicinas oncológicas para niños con la presunta participación de algunas farmacias madrileñas.

Así lo manifiesta el COFM en un comunicado, después de que la Guardia Civil anunciara la detención de 49 personas en varias regiones, doce de ellas titulares y profesionales de farmacia, y registrara oficinas y almacenes en la Comunidad de Madrid, Barcelona, Coruña y Lugo, en la 'Operación Noisa'.

Ante la investigación abierta, el Colegio ofrece a las autoridades “su máxima colaboración para esclarecer y eliminar cuanto antes este tipo de prácticas” en las farmacias de la región.

“Pedimos que se actúe con rapidez y contundencia contra sus responsables, porque no podemos permitir que la actuación de unos pocos mine el prestigio profesional, el buen hacer de todo un colectivo y la confianza depositada por la sociedad en la farmacia española”, señala el presidente del COFM, Luis González Díez.

Según la investigación, mediante prácticas de comercio “inverso”, paralelo al habitual, los laboratorios vendían la medicina a farmacias que después la vendían a empresas que exportaban al extranjero, llegando a mover hasta 40 millones de euros.

Según el Colegio, estas actuaciones “vulneran la legislación farmacéutica, suponen un delito fiscal y pueden entrañar además un riesgo de desabastecimiento de medicamentos para la población, generando problemas de salud pública”.

González Díez subraya que las exportaciones o distribución “inversa” de fármacos por parte de algunas oficinas de farmacia “no sólo es ilegal con arreglo a la normativa sanitaria, sino que además debe ser tipificada como un delito”.

La Junta de Gobierno del COFM se reunirá el próximo martes para tratar, con la información disponible, los hechos investigados por la Guardia Civil, y decidir, si procede, medidas de carácter “deontológico”, concluye.