El combate por un corredor de narcotráfico en Colombia desangra a sus vecinos

Los gritos del hijo de María del Pilar Hurtado junto al cadáver tiroteado de su madre retumbaron en toda Colombia, donde su asesinato ha desvelado el horror que se vive en la región del Bajo Cauca, un corredor del narcotráfico en el que cuatro grupos armados intentan hacerse con su dominio.

“En el Bajo Cauca antioqueño se hace, se cultiva, se produce y se empaca la hoja de coca. Ese corredor arranca en (los municipios de) Tarazá, El Bagre, Nechí, Cáceres y Zaragoza. Ahí ese negocio ilícito de la hoja de coca y de la extracción ilegal sube a los municipios colindantes, que son San José de Uré, Montelíbano y Tierralta”, explica en una entrevista con Efe el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret.

Esa región colombiana que atraviesa el río Cauca a su paso por el este del departamento de Antioquia y el sur de Córdoba se ha convertido en paradigma del nuevo ciclo de violencia en el que se está adentrando Colombia y en el que el crimen es casi su único rostro.

En el caso del narcotráfico, el corredor de la cocaína continúa hasta el caribeño Golfo de Morrosquillo, desde donde sigue su camino hacia Centroamérica.

En toda la zona se multiplican las siglas de grupos armados: la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); dos grupos herederos de los paramilitares, Los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) al que el Gobierno denomina Clan del Golfo, así como las disidencias de las FARC.

En este sentido, Negret, cuya entidad es de las pocas que trabaja de forma constante en la zona, explica que “'Los Caparrapos' pareciese que fueron los nuevos, pero es una disidencia de las mismas AGC”.

“El ELN se ha fortalecido porque está ocupando los espacios que tenía las FARC y las disidencias fueron los miembros de las FARC que nunca entraron al proceso de paz”, sostiene.

Por eso, considera que lo único que ha sucedido es que se han cambiado los brazaletes que portan a modo de identificación y “que en vez de decir FARC, dicen ELN o dicen AGC o dicen Caparrapos”, aunque en ocasiones explican que sencillamente no llevan ninguno, pero “andan afectando las comunidades de estos sectores”.

Además de las amenazas y asesinato de líderes sociales como el de Hurtado, Negret explica que en la zona se han producido seis desplazamientos “en los últimos meses” que tienen su origen “en la disputa territorial y los enfrentamientos de estos grupos en los tres municipios del sur de Córdoba”.

“Realmente tenemos una problemática muy grande de desplazamiento como pudo verse en el informe de ACNUR, que el primer país de desplazamiento interno es Colombia nuevamente”, explicó en referencia al último estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Como desde hace décadas, el narcotráfico es el combustible del nuevo ciclo de violencia también en el Bajo Cauca. Sin embargo, Negret considera que las comunidades que viven allí como las que pueblan buena parte del resto del país y cultivan coca no lo hacen “porque quiere, sino porque les toca”.

“Todos los campesinos, todos los afro y todos los indígenas que siembran coca en Colombia saben que es un cultivo ilegal, pero ni usted ni yo podemos dejar a nuestras familias aguantando hambre, de modo que esa es la única herramienta que tenemos en estos sectores”, subraya.

Por eso, el defensor del Pueblo explica que situaciones similares pueden apreciarse en la región del Pacífico, así como en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, o en los amazónicos y vecinos departamentos de Guaviare y Guainía.

Allí los grupos armados buscan el “control territorial” para “el manejo del negocio de la hoja de coca, el negocio de la minería ilegal, el negocio de contrabando de gasolina”, así como “en algunos casos, la restitución de tierras”.

Y la parte más visible de ese control es el asesinato de líderes sociales como Hurtado, unos homicidios del que la Defensoría del Pueblo tiene un recuento de 462 casos del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero pasado.

Por si fuera poco se acercan las elecciones locales y regionales del 27 de octubre y Negret teme que “se dispare el asesinato de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y ahora de los candidatos a estas elecciones”.

Acerca de la respuesta del Estado ante estos crímenes, el defensor del Pueblo afirma que se “hacen ingentes esfuerzos”, si bien considera que “debe haber una mayor inteligencia” y más personal del Ministerio del Interior involucrado, con lo que cree que mejoraría la situación.

Pese a todo, opina que el trabajo interinstitucional en el que las alertas que emite la Defensoría son la primera voz de alarma ha sido elemental para que el número de asesinatos no sea mayor.

Mientras el sistema sigue puliéndose, la entidad que dirige Negret recorre el territorio para tratar de parar una realidad que desangra al país en medio de una espiral de violencia.

Los gritos del hijo de Hurtado, asesinada a los 34 años en Tierralta, ya quedarán para siempre como voz de alerta.

Gonzalo Domínguez Loeda