La comisión dice que no hay evidencia de la vinculación directa de Morales con un ilícito

La comisión legislativa que recomendó al Parlamento retirar la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por un caso de financiación electoral ilícita no halló evidencias de su “participación directa o personal” en “los hechos denunciados”.

En el expediente que fue remitido por la Corte Suprema de Justicia a la comisión “no se evidencia que Jimmy Morales, en su calidad de secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) haya intervenido o haya tenido participación directa o personal en los hechos denunciados”, dijo este lunes el presidente de la instancia legislativa, el diputado opositor Julio Ixcamey.

Sin embargo, el diputado dijo en una conferencia de prensa que hay “indicios” de que el partido FCN-Nación “pudo haber recibido contribuciones que no fueron registradas en los libros contables de la organización ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral”.

Por ello, explicó Ixcamey, los cinco legisladores que integran la comisión recomendaron al Organismo Legislativo que se levante el fuero al presidente y que se le ponga a disposición de la justicia común, una decisión que está en manos del pleno del Congreso y que debe contar con el voto de 105 de los 158 diputados que lo integran.

Según la denuncia del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Morales, en calidad de secretario general del FCN-Nación, habría ocultado información sobre al menos 6,7 millones de quetzales (unos 919.000 dólares) que recibió el partido para financiar su campaña electoral.

Ixcamey, que ya esta madrugada confirmó a los periodistas que el domingo fue entregado al Congreso el informe de la comisión en el que recomiendan por consenso retirar la inmunidad a Morales, informó de que además piden que se investigue si la denuncia por el tema electoral y el pedido de antejuicio contra Morales se interpuso por “motivos políticos”.

Esto se debió a que esos pedidos coincidieron con una visita de Morales, el pasado 25 de agosto, a la sede de la ONU para hablar del trabajo de la Cicig en Guatemala.

Ese día circularon rumores, que resultaron falsos, de que el mandatario había pedido la destitución del comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.

Pero dos días después de que el MP y la Cicig pidieron el antejuicio (levantamiento de la inmunidad), el presidente declaró non grato a Velásquez y ordenó su inmediata expulsión de Guatemala por su “injerencia en asuntos internos”, medida fue frenada y finalmente anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, por considerarla “ilegal”.