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Las comisiones de investigación en España: ¿'show' o responsabilidades políticas?

La comparecencia de Aznar de esta semana en el Congreso fue más una bronca entre partidos que una rendición de cuentas sobre la financiación del PP

En respuesta a la comisión abierta en la Cámara Baja, los 'populares' crearon otra en el Senado sobre presuntas irregularidades que abandonaron el resto de los grupos

Los analistas denuncian el uso "torticero" de esta herramienta parlamentaria que consideran necesaria para determinar la mala gestión de los gobernantes

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El expresidente José María Aznar, el martes, durante su comparecencia en el Congreso. EFE

"Me lo he pasado muy bien. Tengo ganas de volver y todo". El expresidente del Gobierno José María Aznar tiraba este martes de ironía para valorar su paso por la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación ilegal del PP. La intervención se convirtió en otro ajuste de cuentas, una escena habitual en España durante este tipo de investigaciones parlamentarias. El presidente de FAES respondió a las preguntas de los parlamentarios durante algo más de tres horas sin aportar ni un solo dato útil para aclarar qué falló en los sistemas de control de un PP al que una sentencia de la Audiencia Nacional acusa de haberse financiado de manera irregular durante al menos veinte años. 

La comisión parlamentaria se transformó en una bronca política más –especialmente dura fue la respuesta de Aznar a Pablo Iglesias y su cara a cara con Gabriel Rufián– en la que asuntos que excedían el objeto de la comisión se emplearon como armas arrojadizas entre los parlamentarios y el compareciente. 

La creación de la mencionada comisión sobre la financiación ilegal de los conservadores abierta en el Congreso fue respaldada por todos los grupos excepto el PP a finales del año pasado cuando informativos y tertulias abrían cada día con un nuevo caso de corrupción del PP. En respuesta, el partido que ahora preside Pablo Casado impulsó otra en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, sobre la presunta financiación irregular del resto de fuerzas políticas. Los conservadores se han quedado solos en esa comisión ya que el resto de partidos decidió no participar en ella por considerarla precisamente una "venganza" a la abierta en el Congreso.

En ambas han comparecido decenas de dirigentes y exdirigentes para hablar de sus partidos y todas han derivado en rifirrafes sobre asuntos que estaban de actualidad en cada momento y que no tenían que ver con el objeto de la comparecencia.

Tras la comparecencia de Aznar, el PP baraja ahora exigir que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haga lo propio en el Senado. Los populares están trabajando en la lista de comparecientes para las próximas 9 sesiones y el nombre del exdirigente socialista es el primero de la lista. Los populares no necesitan ponerse de acuerdo con nadie para llamar a comparecientes. Su mayoría les permite hacer lo que consideren en el momento en el que lo consideren. Pese a ello, el portavoz popular en esta comisión, Luis Aznar, niega que su plan en la Cámara Alta sea un ejemplo de "acción/reacción" frente a lo que ocurre en el Congreso. "El plan de trabajo se presentó hace un año y pico y todos los líderes que van a venir ya estaban previstos entonces".

No son vinculantes

El artículo 76 de la Constitución establece que "el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público". La Carta Magna remarca, en todo caso, que "sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". El objetivo es, por tanto, determinar las responsabilidades políticas en asuntos en los que haya podido producirse una mala gestión de los servidores públicos. 

Los analistas consultados por eldiario.es denuncian que la experiencia de las cerca de 30 comisiones puestas en marcha en democracia en España evidencian que en la mayoría de los casos no han cumplido el objetivo que perseguían y que han sido utilizadas de una forma "torticera" por los partidos. "Las comisiones de investigación constituyen un ejemplo claro de la transformación del control parlamentario en un 'instrumento de gobierno de la mayoría' o, como poco, de control por parte de ésta de la fiscalización que pueda realizar la minoría, puesto que su creación es acordada, en última instancia, por la mayoría parlamentaria", explica Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

"Así sucede en España, tanto en el Congreso como en el Senado. En definitiva, la mayoría difícilmente permitirá que el funcionamiento de una comisión de investigación pueda suponer un peligro serio para su acción de gobierno. No ocurre, sin embargo, lo mismo en aquellos ordenamientos en los que es una potestad que puede ser ejercida también por la oposición, lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, y en Portugal. Pero no sólo la creación de las comisiones de investigación es, en España, una potestad de la mayoría, sino que también, una vez creadas, es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones habrá de respetar la importancia numérica de los grupos en la Cámara", agrega.

Una "venganza pública"

En cuanto a las comisiones de investigación ahora en marcha sobre la presunta financiación ilegal de los partidos Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, lamenta que se hayan convertido en "un teatro político de la vieja escuela". En su opinión, la creada en el Congreso para investigar al PP supone una "venganza pública" del resto de partidos contra los conservadores ya que "su único objetivo es debilitar al PP". En consecuencia, añade, la impulsada en el Senado por los populares "responde al único objetivo de dañar al resto de los partidos". 

"Estamos asistiendo a una exposición pública destinada únicamente a cuestiones de imagen. Se trata de un juego mediático", lamenta. Recuerda, además, que cuando se creó esta herramienta constitucional se pensó para asuntos "en los que podría haber responsabilidades políticas y no jurídicas, sobre todo para dilucidar si había algún aspecto en la gestión pública que se pudiera haber gestionado mal".

La coexistencia de las dos comisiones de investigación sobre la financiación de los partidos que están en marcha en el Congreso y en el Senado enfrenta a las dos principales fuerzas políticas del país. Luis Aznar  es el portavoz del PP en la de la Cámara Alta y asegura que la comisión del Congreso, abierta a raíz de la espiral de sumarios en el que estaba atrapado el PP "es inquisitorial". Algo parecido afirman desde el PSOE en relación a la investigación que los populares impulsan en el Senado de manera ambigua y sobre el resto de partidos: "Hay un chantaje y una amenaza continua del PP para utilizar la comisión del Senado de manera partidista y torticera", aseguran fuentes de la dirección del grupo parlamentario socialista.

Desde Ciudadanos creen que PSOE y PP ficcionan una pelea sin propiciar la búsqueda de la verdad: "La guerra de comisiones que mantienen PP y PSOE forma parte del teatrillo del bipartidismo, porque en lo fundamental siguen poniéndose de acuerdo para intentar bloquear cualquier investigación real o reforma", explican fuentes de la formación que lidera Rivera en el Congreso. 

Actitudes "canallas"

En opinión de Unidos Podemos, la abierta en la Cámara Baja para investigar a los conservadores "ha sido una comisión que ha tenido un funcionamiento complejo, entre otras cosas porque el grupo más grande de la cámara, el PP, se ha dedicado a sabotear en lo posible el funcionamiento de la comisión. Tanto desde la Mesa como sus portavoces se han dedicado a no reconocer nada, a votar en contra de todo, incluso renunciaron al propio formato interrogatorio que se había acordado por parte de la mesa de la comisión para entablar relación con las personas comparecientes. Esta ha sido su estrategia y ha dificultado bastante las labores de la comisión", apuntan fuentes del grupo.

A su juicio, muchas de las comparecencias "han sido decepcionantes" porque "al existir causas abiertas en los juzgados, muchos de los comparecientes, por derecho a una mejor defensa, han preferido acogerse a no declarar, y no han arrojado luz sobre las cuestiones que trataba la comisión". Por otro lado, "cuando se ha llamado a viejos militantes del PP que presuntamente hubieran tenido implicaciones en estos casos, las actitudes han sido canallas. Lo mejor que nos ha ocurrido es que no han contestado, porque directamente otros han llegado y han mentido abiertamente, encarándose con las diputadas y diputados que les han preguntado".

Como punto positivo, Unidos Podemos destaca que sí ha habido comparecencias que han permitido vislumbrar "cuál ha sido el entramado sistémico que durante muchos años ha funcionado dentro del PP para financiar ilegalmente campañas, sobresueldos, etc. Nos referimos a funcionarios de policía (no altos mandos) que han arrojado luz pues sí han compartido con nosotros conclusiones en esa comisión pese a estar sujetos y pese a no poder informar de todo el procedimiento por razones obvias. Sin embargo, gracias a sus comparecencias se ponen negro sobre blanco algunas de las peores prácticas que siempre se ha sospechado que el PP ha estado llevando a cabo en estos años".

"Nosotros hemos promovido, y hemos tenido que justificar, la solicitud de una prórroga dentro de esta comisión, precisamente porque todavía quedan muchos comparecientes por pasar, sobre todo los que tienen que ver con el entramado económico. Hemos llamado a declarar a corruptos, pero faltan muchos corruptores. El único empresario que ha pasado por esta comisión hasta ahora ha sido Juan Miguel Villar Mir", zanjan.

Modificaciones necesarias

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y presidenta de la comisión de investigación sobre la crisis económica sobre la que los grupos ya están elaborando sus conclusiones reivindica varias reformas para que estas herramientas parlamentarias sean más útiles: "Es necesario que el Congreso pudiera facilitar que las comisiones trabajaran con expertos técnicos en los asuntos que se abordan, sobre todo para que ayuden en la elaboración de las propuestas que surjan de las conclusiones. Además, los tribunales deberían tener la obligación de facilitar los documentos que les solicite la Cámara Baja, algo que ahora no se produce".

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