Compromís-Equo pide prohibir que se indulte a políticos valencianos condenados por corrupción

Baldoví, miembro del Grupo Mixto, sólo tiene cupo para someter a votación este jueves una propuesta de resolución y ha optado por recoger en la misma todas sus demandas relativas a la Comunidad Valenciana, entre ellas una relativa a la inmediata reapertura de las emisiones del canal autonómico RTVV.

Para empezar plantea que, “ante la evidente y demostrada infrafinanciación” de su comunidad, el Congreso inste al Ejecutivo a “apoyar la demanda social de cambio en la situación política y económica del pueblo valenciano”. Y a este objetivo están destinadas todas la peticiones que conforman su resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

AUDITORIA DE LA DEUDA Y CONCIERTO ECONÓMICO

Así, solicita “una auditoría ciudadana independiente de las cuentas de la Generalitat Valenciana”, que concrete “el alcance de la deuda ilegítima” y frene el pago de la misma y de sus intereses, el reconocimiento y el abono de la deuda histórica nacida de esa “infrafinanciación”, y la revisión de sistema de financiación, adoptando “el modelo de Concierto económico responsable” teniendo en cuenta la población y con el compromiso de destinar el dinero público a las políticas sociales.

Además, solicita autorización para convocar una consulta ciudadana sobre la “privatización de la gestión sanitaria”, el abandono del proyecto de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y de la práctica del fracking en Castellón, el desmantelamiento de la plataforma Castor y el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Asimismo, aboga por cerrar el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores, Valencia, “con el fin de evitar nuevos casos de maltrato a inmigrantes” y que se incremente la plantilla de personal para las oficinas del FOGASA de esta comunidad, con el fin de acelerar la tramitación y resolver los expedientes pendientes.

La resolución también asuntos relacionados con el desarrollo de las infraestructuras en esta comunidad, como el traspaso de la gestión de los aeropuertos al gobierno autonómico, o un acuerdo sobre el rescate de la gestión de la AP7 “garantizando su absoluta gratuidad”.