Los comunitarios critican el sistema para seguir en el Reino Unido tras el “brexit”

Ciudadanos de la Unión Europea (UE) residentes en el Reino Unido mostraron este martes su descontento con el sistema que ha lanzado el Gobierno británico para que puedan permanecer en el país tras el “brexit”.

Agrupados en “the3million”, organización que defiende los derechos de los europeos en el Reino Unido, estos comunitarios reclamaron hoy al Ejecutivo de Theresa May, en una rueda de prensa, un registro que “de forma automática” reconozca el estatus de cada persona sin necesidad de pedirlo expresamente.

El procedimiento electrónico que ha lanzado el Gobierno y que comenzará a funcionar plenamente el próximo sábado 30 de marzo obliga a los solicitantes a facilitar de forma telemática un documento de identidad, una fotografía y una declaración de antecedentes penales.

Un trámite que los ciudadanos de la UE - más de 3,6 millones - deberán completar antes del 30 de junio de 2021 o, si el Reino Unido finalmente abandona el bloque sin acuerdo, el 31 de diciembre de 2020, y así acceder al estatus de asentado, si llevan más de cinco años en el Reino Unido, o de pre-asentado si llevan menos.

Para el abogado especializado en inmigración Luke Piper, el riesgo que asumen los comunitarios si no completan esta solicitud es demasiado alto.

Piper citó las palabras de la secretaria de Estado de Inmigración, Caroline Nokes, que dijo: “claramente, aquellos que no lo soliciten, técnicamente no contarán con base legal para permanecer en el Reino Unido”.

Eso quiere decir, subrayó, “que se convierten en potenciales víctimas de deportación o que podrían no acceder a trabajos”.

El presidente de “the3million”, Nicolas Hatton, puso el acento hoy en que son muchas las personas que desconocen que tienen que seguir este procedimiento para poder seguir viviendo en el país.

“Necesitamos que la información esté muy bien distribuida, la mayoría de los europeos no saben esto del estatus de asentado, las campañas de comunicación no llegan a los más vulnerables”, aseguró.

En este sentido, el Gobierno lanzó este lunes una campaña publicitaria en vallas, marquesinas, radio, televisión y redes sociales valorada en 3,75 millones de libras (4,3 millones de euros), con la que pretenden que los comunitarios tomen conciencia del trámite que deben seguir a partir del 30 de marzo.

Por su parte, la cofundadora de la organización, Maike Bohn, lamentó que una vez que se accede al estatus de asentado o pre-asentado hay que continuar actualizando cualquier cambio que se haga de teléfono, dirección o pasaporte porque, de lo contrario, se podría perder.

“Gente que lleva aquí décadas de pronto son invitados. Llegamos como ciudadanos de la UE y ahora somos migrantes, somos gente que tiene que pedir quedarse y eso es doloroso”, manifestó la alemana.

Marianne Lagrue, autora de un informe sobre niños europeos y sus derechos tras el “brexit”, incidió en el peligro al que se exponen más de 900.000 menores que viven en el Reino Unido.

Lagrue apuntó que estos niños corren el riesgo de convertirse en la segunda “generación Windrush”, en referencia a los inmigrantes que llegaron al Reino Unido para cubrir la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, pero su situación legal quedó en el aire después de un endurecimiento de las normas de inmigración que promulgó May en 2012, cuando era ministra de Interior.

El estudio sostiene que el sistema diseñado por el Ministerio del Interior británico se ha hecho “teniendo en mente a trabajadores que pueden demostrar su idoneidad para acceder al estatus de asentado a través del pago de impuestos pero los casos de muchos niños son más complejos, especialmente aquellos que viven separados de sus padres”.

La organización “the3million” hizo presión para que el Gobierno suprimiera la tasa de 65 libras (75 euros) para adultos y 32,50 libras (37 euros) para menores de 16 años que en las fases piloto de este sistema costaba acceder al estatus de asentado.

Una cantidad que finalmente la “premier” decidió suprimir el pasado mes de enero, a fin de evitar que hubiera “impedimentos financieros” para hacer la solicitud.

Mientras los ciudadanos europeos expresan su preocupación por su futuro en este país, la forma en la que finalmente se materializará la ruptura con los Veintisiete continúa siendo una incógnita.

Por Paula Baena Velasco