El fiscal concluye que Ferrovial pagó a Convergència comisiones del 4% de las obras adjudicadas

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña han concluido que CDC presuntamente se financió irregularmente y que cobró en total 6,6 millones de euros en “comisiones ilícitas” satisfechas por Ferrovial a cambio de varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.

En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona que solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.

Según el Ministerio Fiscal, en este “mecanismo ilícito” presuntamente participaron los extesoreros de CDC Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar, y el exdiputado de CDC Jaume Camps, y constata que altos responsables del partido debieron necesariamente intervenir, aunque no han podido ser debidamente identificados.

Por parte de Ferrovial, el fiscal apunta al exdirector territorial y exdirector general de División Pedro Buenaventura, y al director de relaciones institucionales Juan Elizaga, que actuaron “a espaldas de su accionariado y abusando de sus facultades directivas” para aplicar cuantiosos fondos a la financiación de CDC, prosigue el fiscal.

Parecía que la figura del extesorero del PP Luis Bárcenas había conseguido eclipsar casos igualmente sangrantes, como el expolio del Palau de la Música, llevado a cabo por quienes fueron su presidente y su director, Félix Millet y Jordi Montull, respectivamente. Y ello a pesar de que en un clima de profunda crisis económica en España, las cantidades que la Justicia les acusa de haberse apropiado son similares.

Los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Bermejo y Emílio Sánchez-Ulled, acaban de entregar al juez encargado de la investigación del caso Palau, Josep Maria Pijuan, su informe preliminar de conclusiones sobre el expolio supuestamente cometido por Millet y Montull mientras gobernaban los destinos de la institución musical, todo un icono de lo que se conoce como la “sociedad civil catalana”.

Entrevistado en su momento por los periodistas Pere Cullell y Andreu Farràs para su libro El Oasis Catalán, Millet llegó a afirmar que quienes manejan el cotarro en Cataluña son 400 personas, siempre las mismas. Una afirmación bastante estimulante como para unir hasta el extremo, a pesar de que los fiscales están considerados diametralmente opuestos desde el punto de vista político. Bermejo está considerado un fiscal claramente conservador, mientras Sánchez Ulled tiene unas posiciones más próximas a Iniciativa por Cataluña, más en la tradición que ha gobernado la acusación pública en la comunidad desde la reinstauración de la Generalitat en el año 1990. Y están de acuerdo en la convicción de que a pesar de esta sensación de superioridad de la que hace gala el avaro Millet –llegó a pagar la boda de sus hijas con dinero del Palau y, aún así, cobró la mitad de la factura a sus consuegros respectivos– no es sino una posición propia de otra época.

Intermediario avispado

Los fiscales lo consideran un simple intermediario que se pasó de listo. De hecho ni siquiera lo consideran el cerebro de la operación, era el hombre idóneo para su obediencia ante Convergència y por su falta de escrúpulos para ejercer de intermediario de lujo en un montaje organizado por Convergencia y la constructora Ferrovial para ocultar las comisiones ilegales que la empresa pagaba al partido a cambio de concesiones administrativas manipuladas. Si Convergencia llegó a cobrar, según el informe de Bermejo y Sánchez Ulled, un mínimo de 6,6 millones de euros. En una decisión sin precedentes, el juez Pijuan impuso una fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones de euros a Convergencia.

El partido del presidente aseguró que, dado que no disponía de efectivo, se había visto obligado a ofrecer su sede como aval. Una sede que, en cualquier caso, CDC compró Fecsa Endesa cuando todavía era pública, bajo el Gobierno de José María Aznar, en una operación nunca justificada del todo. Siempre se ha considerado que Millet ha recibido un trato especialmente delicado de la Justicia y de la policía judicial, papel que, en un primer momento ejercieron los Mossos. Tanto es así, que el órgano de gobierno de los jueces apartó del caso el primer juez del caso, Juli Solaz, por la vía del ascenso.

Tanta fue la vergüenza que pasaron algunos jueces que el magistrado Pijuan decidió renunciar a su plaza en la Audiencia de Barcelona para volver a un juzgado de instrucción y recuperar la deteriorada imagen de los jueces catalanes.

Su primera decisión fue apartar los Mossos del procedimiento para encargar la investigación a la policía nacional y, desde el primer momento, considerar el caso como un episodio de financiación irregular de CDC.

Ahora, además, el juez Pijuan deberá reflexionar sobre la necesidad de cubrir las eventuales responsabilidades civiles de Convergencia, porque, hasta ahora, y a raíz los informes de los investigadores policiales, el partido que gobierna la Generalitat sólo ha cubierto la mitad del dinero que eltribunal sentenciador puede determinar que recibió procedentes de las cuentasdel Palau.

Para el fiscal, se trata de “comisiones ilícitas satisfechas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura”, que generaron, según sus palabras, un flujo constante de contratación favorable a la empresa“

“Pacto criminal estable”

“Partiera de quien partiera la iniciativa en los contactos, que en cualquier caso debieron ser de alto nivel, como resultado quedó articulado un pacto criminal estable que con inicio al menos en 1999 se prolongó, renovándose con las oportunas negociaciones, hasta 2008-2009”, asegura.

Entre las adjudicaciones que obtuvo Ferrovial presuntamente a cambio de comisiones está la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona por un importe total de 890 millones de euros; la Ciudad de la Justicia de Barcelona, de casi 800 millones, el expediente de construcción de un pabellón municipal en Sant Cugat, por cuatro millones, y unas obras en el margen del río Ebre, por 2,6 millones.

Sin embargo, el fiscal puntualiza que “no puede afirmarse que las adjudicaciones conseguidas por Ferrovial resultaran en sí mismas clara y patentemente arbitrarias o notablemente irrazonables desde el punto de vista técnico”.

Para hacer llegar las comisiones a CDC la trama utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido, que según el fiscal ascendieron a 3,7 millones entre 2000 y 2008; facturación “mendaz” de las empresas de impresión y buzoneo Altraforma, Hispart, Publiciutat, New Letter y Letter Graphic y a través de convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas --directamente vinculada a CDC en el aspecto orgánico y financiero--.

Con todo, el fiscal considera a CDC como partícipe a título lucrativo para que pueda defenderse de la petición de decomiso de fondos que se formule en el escrito de conclusiones provisionales, y también a la Fundación CAT-DEM.

Expolio de 18 millones

Respecto al “expolio patrimonial” que cometieron Millet y Montull en la institución en su beneficio personal o a otras finalidades desconocidas nunca relacionadas con el Palau asciende a 18 millones de euros.

Concretamente, Millet se apropió de 7 millones de euros de la Fundación y de la Asociación del Palau, 1,3 se lo quedó Montull, y de los 9,6 millones restantes “han desaparecido sin dejar rastro alguno”, y para cometer el delito contaron con la colaboración de la exdirectora financiera Gemma Montull y con el conocimiento y asentimiento de Rosa Garicano.

Parte del dinero se utilizó en obras “suntuarias” en viviendas particulares de Millet, Montull y Gemma Montull mediante facturación mendaz entre 2005 y 2009, a bodas de las hijas de Millet y viajes exóticos a Tailandia, Polinesia, Kenya, Dubai, Maldivas y México, entre otros.

En el escrito también se incluye que Millet pagó a terceros sin ninguna relación con finalidades del Palau como al presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien entregó 75.000 euros --que el propio Colom ya ha pactado que devolverá-- y 13.000 euros a Esteve Escuer, militante de CDC en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).

El fiscal solicita asimismo el sobreseimiento provisional parcial para la esposa de Millet, Marta Vallès, y la de Montull, Mercedes Mir, entre otros, al considerar que no existen motivos suficientes para acusarles de delito.