Otras consecuencias de robar cobre, cuatro electrocutados y retrasos del AVE

Cuatro personas fallecidas electrocutadas en lo que va de año, dos retrasos en el AVE y varios municipios sin teléfono son las consecuencias del robo de cobre y que se suman a los perjuicios económicos de una actividad delictiva que ha crecido en paralelo a la crisis.

Para controlarla, la Guardia Civil, en colaboración con las consejerías de Medio Ambiente de las comunidades autónomas y la Inspección de Hacienda, lleva a cabo periódicamente una campaña de inspecciones en chatarrerías y centros gestores de residuos metálicos.

La última, según ha informado el instituto armado, tuvo lugar el pasado miércoles en todo el país. En ella participaron 1.500 agentes, que inspeccionaron 850 centros de reciclaje, formularon más de 1.000 propuestas de sanción y detuvieron a 14 personas.

En caso de que sean sancionados, las multas pueden oscilar entre los 3.000 y los 60.000 euros.

Según ha explicado a Efe el comandante Jesús Gayoso, que coordina el plan de lucha contra el robo de cobre, la operación más importante tuvo lugar en Cádiz, donde se intervinieron en dos chatarrerías más de 100 toneladas de cobre en polvo, ya fundido, y se detuvo a siete personas.

Bien empaquetada, esta mercancía tenía como destino China, un país emergente que consume el 33 por ciento del cobre mundial y en el que se está produciendo un “boom” en el sector de la construcción.

Tal y como subraya Gayoso, esta actividad genera pingües beneficios, ya que la tonelada de cobre puede venderse a 6.000 euros, lo que en este caso hubiera supuesto unos ingresos de 600.000 euros.

El cobre, totalmente puro y sin contaminar, se había fundido y empaquetado en cajas para transportarlo en contenedores y embarcarlo a China, donde de nuevo se vuelve a fundir para su utilización en hilo o en planchas, asegura Gayoso.

Algunas de las sustracciones del cobre incautado en Cádiz fueron realizadas en paneles informativos de la DGT en las carreteras AP-4 y N-349 a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, que quedaron sin alimentación y, por tanto, sin información a los conductores de las incidencias de la circulación.

Los autores siempre actuaban de noche, levantaban las arquetas de la red de carreteras, distantes una de otra 200 metros, y cortaban solo el hilo de cobre, ya que el de la fibra óptica no tiene valor en el mercado de las chatarrerías.

Todos los robos de cable, que los delincuentes “pelaron” antes de su venta, se perpetraron en un radio de 3 kilómetros en las proximidades de Guadalcacín.

Las bandas dedicadas a esta actividad delictiva actúan fundamentalmente en Castilla-La Mancha y en Andalucía, así como en otras comunidades del centro-sur, si bien en los puertos de Gijón (Asturias) y Santurce (Vizcaya), en el norte, se han detectado en ocasiones contenedores con cable robado.

Concretamente en Castilla-La Mancha actúa una banda especializada en el robo de este metal en las torretas de los transformadores eléctricos para sustraer las bobinas de cobre. El riesgo es alto y, de hecho, ya han fallecido electrocutadas cuatro personas.

Dos retrasos ha sufrido este año el tren de alta velocidad, AVE, a consecuencia de estos robos y cada semana, según la Guardia Civil, algún pueblo de la geografía española se queda sin luz o teléfono por culpa de este tipo de delincuencia, que se ha desarrollado en paralelo a la crisis económica.

Los investigadores han constatado la existencia de chatarrerías “móviles” ilegales, especialmente en la zona sur.

Se trata de organizaciones que alquilan naves industriales para la recepción y distribución de la mercancía, pero por periodos cortos para poco después trasladar su actividad a otro almacén.

La Guardia Civil lanzó a final del 2012 un nuevo Plan para incrementar la eficacia policial en la lucha contra este tipo de robos y, en concreto, identificó a los posibles receptadores como objetivo prioritario de control.