El juez considera acreditada la financiación irregular del PP valenciano

El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano, cuando lo presidía Francisco Camps.

En la sentencia del juicio a la rama valenciana de Gürtel, el juez expone que el PP de Valencia financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en “B” y facturas falsas pagadas por empresarios, por más de dos millones de euros.

Dice el juez que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que para desarrollar dichas campañas los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios.

“Quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP”, explica el juez.

Y añade que por ese motivo, “los pagos que hicieron a Orange Market de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido”.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por Orange Market y por el PP valenciano por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, si bien el juez señala que “fue muy superior el servicio que encargó y recibió” de esta empresa.

En concreto, 1,15 millones de euros fueron destinados para los actos ejecutados para las autonómicas de 2007, 78.878 euros para las municipales de ese año y 801.810 euros para las autonómicas de 2008. En total, 2,03 millones de euros que no fueron objeto de facturación y contabilización por parte del partido.

Todo ello atenta, según el juez, contra el bien jurídico protegido que es “tratar de mantener la pureza de los procesos electorales”, esto es, “el juego limpio electoral”.

Como también lo es, agrega, “preservar la neutralidad y objetividad” de la administración local y autonómica frente a supuestos como en el presente caso en que la misma “se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son adjudicatarios y/o concesionarios de obras, servicios o suministros contratados por la administración cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente”.

La resolución detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PP valenciano y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los políticos populares acusados.

Todos ellos asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange, la cual les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados.

El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en “B”.

Además, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho del primero.