Los bebés robados y sus familiares serán considerados víctimas en la futura Ley de Memoria Democrática de Aragón

En la iniciativa, el Parlamento regional recomienda, asimismo, crear un censo de víctimas del robo de bebés, realizar una clasificación, catalogación, descripción, sistematización y transferencia de los fondos documentales y archivos de las víctimas de bebés robados, facilitando el acceso a las víctimas e incluirlos en la financiación y protocolo de exhumaciones, así como en la identificación de restos y pruebas de ADN tanto para el caso de aparición de restos fallecidos como en el de identificación de personas cuya identidad haya sido sustraída y sustituida por otra.

También han abogado por la inclusión de los perfiles genéticos de las víctimas en el banco de ADN que al efecto se ha de crear; establecer mecanismos para que las familias afectadas por estos hechos delictivos accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias y promover acciones encaminadas a la reparación a las víctimas mediante la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construcción de monumentos o elementos análogos en su recuerdo como forma de reconocimiento y reparación de las víctimas.

Asimismo, las Cortes de Aragón pedido al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España al establecimiento de mecanismos de colaboración con el Ministerio Fiscal y con los órganos jurisdiccionales para impulsar la investigación de estos hechos, llegando incluso a estudiar la posibilidad de si procede la creación de un fiscal especializado tanto en víctimas de bebés robados como para las demás cuestiones que se recojan en su momento en la futura ley de memoria democrática, así como de una unidad policial de búsqueda de las víctimas.

Desirée Pescador ha señalado que esta ha sido “una injusticia cometida a muchas personas con participación activa o pasiva del Estado” y constituye “uno de los episodios más negros de nuestra Historia” que “ha marcado la vida de muchas personas”.

La parlamentaria de la formación naranja ha subrayado que el robo de bebés es un delito de detención ilegal y que la ONU lo tipifica como desaparición forzosa y delito de lesa humanidad, añadiendo que el Convenio de los Derechos de los Niños establece la protección directa de las víctimas, “a la hora de la verdad con muy pocos resultados”.

Pescador ha agregado que “una trama organizada operó con total impunidad durante décadas” y que la investigación de estos casos “siempre” se ha llevado a cabo con dificultades, aseverando que “ya ha llegado la hora” de esclarecer los robos de bebés y “contribuir a la reparación histórica”.

La portavoz adjunta del PP, Marian Orós, ha señalado que estos hechos “execrables” han ocurrido hasta bien entrados los años 90 del siglo XX y ha propuesto reconocer como víctimas no solamente a los bebés, sino a los familiares y el entorno, así como resolverlo de una manera “rápida, eficaz y justa”.

El parlamentario socialista Enrique Pueyo ha dicho que esta “triste y dolorosa” historia comenzó “cuando no había democracia ni libertad” y “la represión se convirtió en un negocio”. Puede haber hasta 300.000 casos, ha apuntado. La aragonesista Berta Zapater (PAR) ha indicado que estos sucesos han ocurrido en toda España.

El diputado de Podemos, Alfonso Clavería, ha recalcado que este “execrable suceso de larga duración” es un delito de lesa humanidad y que “cientos de miles de personas desconocen que fueron secuestradas al poco de nacer”, apuntando que resultaron afectadas decenas de miles de madres. “Les arrancaron los bebés porque decían que no estaban preparadas para asumir la maternidad” creándose un “saneado negocio”, ha lamentado.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha llamado la atención sobre la “trama de falsos entierros”, incluyendo certificados de defunción falsos, y ha considerado imprescindible que los afectados sean reconocidos como víctimas del franquismo. Este asunto figura en los acuerdos de investidura de PSOE y CHA.