El Constitucional peruano evade resolver la causa que provocó la crisis en Perú

Lima, 19 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú evadió resolver el nudo legal que provocó la profunda crisis social y política que vivió el país durante la última semana, al negarse este jueves a dilucidar si el argumento que se usó para destituir a Martín Vizcarra de la Presidencia fue ajustado a derecho.

Con una votación de 4-3, los integrantes del tribunal indicaron que la demanda competencial que debían resolver “no es procedente”, pues el caso ya no tenía contenido por “sustracción de la materia”.

Esta resolución ha causado indignación generalizada en el país por su falta de compromiso y por la percepción de que el máximo intérprete de la Constitución peruana “se puso de perfil” en un momento en que debía aclarar la tensa situación que vive Perú.

Esa interpretación fue compartida por la misma presidenta del TC, Marianella Ledesma, para quien su corte fracasó ante el “mandato ético” de resolver la cuestión que tanto daño le ha hecho al país.

El CASO

El TC debía responder una demanda competencial que el régimen del ahora expresidente Martín Vizcarra presentó en septiembre pasado para que esclareciera si la intención del Congreso de destituirlo bajo el paraguas constitucional de “incapacidad moral permanente” era legítima.

El entonces mandatario apuntaba que ese argumento, amplio e indefinido, habilitaba al Congreso a destituirlo a su capricho y con eso le restaba competencias y rango de actuación al Poder Ejecutivo.

En esa ocasión, Vizcarra fue sometido a un proceso de vacancia (destitución) después de que se filtraran grabaciones en las que supuestamente coordinaba con sus secretarias para que mintieran ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el supuesto trato de favor que el mandatario había dado al cantante Richard “Swing” Cisneros.

Este cantante fue contratado irregularmente por el Estado supuestamente por su proximidad a Vizcarra, quien sin embargo niega que tuviera algo que ver en ese tema.

Sin embargo, el Congreso opositor decidió impulsar la destitución, pese a que los audios no habían sido corroborados, la investigación no había concluido y existía la amenaza de una profunda desestabilización política del país.

Ese proceso de destitución finalmente no fue aprobado por el Legislativo y quedó inactivo.

TIEMPOS

Pese a que la destitución no prosperó, el TC continuó con su trámite para dilucidar su posición sobre la “incapacidad moral”, un concepto que históricamente se refería solamente a problemas psicológicos graves.

Y mientras dilucidaba, surgió un segundo pedido de destitución contra Vizcarra, en esta ocasión por la filtración a la prensa de unas declaraciones de aspirantes a “colaboradores eficaces” de la Fiscalía (delatores premiados) que lo acusan de haber recibido sobornos millonarios cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

El Congreso volvió a usar el recurso a la “incapacidad moral” para iniciar un juicio político al mandatario, que en esta ocasión sí prosperó con el apoyo abrumador del Parlamento, donde Vizcarra no tenía ningún grupo oficialista.

Esa decisión, tomada el pasado 9 de noviembre, desoyó la oposición popular y desató una oleada de protestas contra la actitud del Congreso y en rechazo del nuevo Ejecutivo que asumió el entonces presidente de la cámara, Manuel Merino.

La represión policial a la masiva movilización ciudadana causó la muerte de dos jóvenes y varias decenas de heridos, lo que generó tal indignación que forzó la dimisión de Merino menos de una semana después de haber asumido el cargo.

TABLAS

La decisión que tomó este jueves el TC es un resultado de “tablas” que no aclara el fondo del caso bajo el argumento técnico de que, como en el primer intento de destitución no se concretó, el caso “se sustrajo” y no tiene sentido su evaluación.

Fue tomada con los votos, en mayoría, de los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón, quienes son vinculados por la ciudadanía con el ala “conservadora” del TC.

“Perú vive momentos de zozobra, que felizmente han sido aplacados, y vuelve sus ojos al TC para que contribuya a restablecer la confianza ciudadana. Una interpretación ambigua e imprecisa de la incapacidad moral generó turbulencias que vacaron a dos presidentes. Hoy teníamos la posibilidad de resolver las ambigüedades, pero la mayoría, que hay que respetar, decidió no hacer nada”, lamentó Ledesma.

La presidenta del TC había hecho una propuesta, que aún debía ser debatida por los demás jueces, para que se limitara el concepto de “incapacidad moral”, pero no restaurar a Vizcarra en el poder, toda vez que ahora hay en Perú un presidente de consenso en la figura del legislador liberal Francisco Sagasti.

Tras conocerse la decisión del organismo, Vizcarra aseguró que lamenta “profundamente que el TC haya actuado de espaldas al país” y a los masivos reclamos de la ciudadanía.

“Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada ¡Qué decepción!”, enfatizó.