La constructora del albañil de AP recibió un contrato de 10 millones del Gobierno de Rajoy a través de una cláusula ilegal
Taboada y Ramos, la constructora que montó de la nada Manuel Taboada, exconcejal de Alianza Popular en Silleda (Pontevedra) y amigo íntimo del exconselleiro de Obras Públicas de los Gobierno de Manuel Fraga, hasta levantar un emporio, recibió en 2015 un contrato de 10 millones de euros del Ministerio de Fomento a través de una fórmula declarada ilegal por un tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda.
La adjudicación es parte de un lote de 60 contratos que suma 443 millones de euros otorgados por el Gobierno de Mariano Rajoy entre abril de 20014 y octubre de 2015 usando una claúsula que según el Tribunal de Recursos Contractuales, es contraria a Derecho por fomentar el reparto discrecional de adjudicaciones.
Lo que invalidó el tribunal administrativo fue una formula matemática que utilizó Fomento hasta enero de 2016 para puntuar las ofertas de las empresas participantes en sus concursos públicos que concedía excesivo peso a criterios arbitrarios, frente a otros más objetivos, como el precio.
Cuando la cláusula todavía estaba operativa, Taboada y Ramos recibió un contrato de 10 millones de euros, en UTE con la constructora Geseco, para ocuparse del mantenimiento de carreteras en la provincia de A Coruña. Aquel contrato se formalizó el 26 de junio de 2015 siendo ministra de Fomento Ana Pastor. La mayoría de esas adjudicaciones de obras llevaba la firma del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
Esta fue una más de las adjudicaciones que recibió la constructora, que ha facturado entre 1998 y 2016 más de 750 millones de euros, en contratos y concesiones de distintas administraciones públicas.
La firma fue fundada en 1988 por un albañil que había concurrido en las listas de Alianza Popular y que tras su paso por la política entró de lleno en los grandes concursos de la obra pública, muchas veces convocados por amigos y compañeros de partido. Treinta años después de aquello, la firma -que antes se dedicaba a la construcción de estructuras de chalés y nichos de cementerios- sigue siendo la principal adjudicataria de obra pública del Gobierno gallego que preside Alberto Núñez Feijóo, según reveló el último informe de la Federación Gallega de la Construcción. En 2017 la Xunta le otorgó 13 contratos por un importe total de 9,6 millones de euros.
