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La Contraloría venezolana extiende el plazo para que los candidatos declaren bienes

Venezuela, cambios electorales que no disipan las dudas
Caracas —

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Caracas, 30 jul (EFE).- La Contraloría General de Venezuela extendió por un mes más el plazo para que los funcionarios públicos y aspirantes a las elecciones regionales y locales de noviembre realicen su declaración jurada de patrimonio, informó este viernes el responsable de la institución, Elvis Amoroso.

“Hemos decidido prorrogar la declaración jurada de patrimonio por un mes más, un mes para que todos podamos ponernos en contacto con los funcionarios”, dijo Amoroso en una declaración a medios locales.

La decisión de extender el plazo fue impulsada, según dijo, por los fallos eléctricos y de internet que afectan al país, pero también por las medidas que se han tomado para combatir la pandemia y las cuales han interrumpido el trabajo diario de las instituciones.

Concretamente, Amoroso se refirió al esquema “7+7” que aplica el Gobierno y que consiste en siete días de confinamiento parcial seguidos de una semana de flexibilización en toda la actividad económica.

El contralor, además, reiteró que todos los funcionarios están llamados a declarar su patrimonio y que de no hacerlo tendrán sanciones que pueden incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Hasta este momento (...) 88.324 funcionarios han declarado ante la Contraloría General de la República”, dijo Amoroso, tras recordar que hay un total de 147.206 funcionarios obligados a declarar.

En febrero pasado, la Contraloría anunció la inhabilitación de 27 exdiputados opositores del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años y reiteró la del líder opositor Juan Guaidó, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores.

El líder opositor ya había sido inhabilitado en 2019 por un periodo similar.

El próximo 21 de noviembre, Venezuela celebra comicios regionales y locales para escoger a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los Consejos Legislativos.

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