La Corte Penal Internacional rechaza investigar a EEUU por la guerra de Afganistán

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó hoy autorizar la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de EEUU, talibanes y autoridades del país.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que trataba la petición argumentó que, a día de hoy, “es extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar la cooperación significativa de las autoridades pertinentes para el futuro, ya sea con respecto a las investigaciones o a la entrega de sospechosos”.

Los jueces, que han necesitado más de un año y cuatro meses para tomar la decisión, dijeron que “se cumplen todos los requisitos relevantes, tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad” del caso, pero que “las perspectivas de una investigación y un procesamiento exitosos son extremadamente limitadas”.

Asímismo, los magistrados expusieron motivos económicos, pues explicaron en el auto judicial que “una investigación requeriría inevitablemente de una significante cantidad de recursos”.

“En la previsible ausencia de recursos adicionales para el presupuesto de la corte, autorizar la investigación resultaría en que la Fiscalía tendría que reasignar sus recursos financieros y humanos”, añadieron.

El rechazo a la investigación se produce en el marco de una escalada de tensión entre Estados Unidos y la CPI desde que la fiscal general, Fatou Bensouda, anunciara en 2017 su intención de inspeccionar las acciones del ejército estadounidense en Afganistán.

El asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, amenazó el pasado septiembre con imponer sanciones a la corte si autorizaba la investigación y aseguró que el tribunal estaba “muerto” para su país.

Así mismo, Washington anunció hace un mes que prohibiría la entrada a EEUU de cualquier trabajador de la CPI implicada en la eventual investigación y cumplió su amenaza la semana pasada, cuando le retiró el visado a la Fiscal general, Fatou Bensouda.