La crisis catalana enfanga un Congreso más dividido que nunca

La crisis en Cataluña ha terminado por enfangar el segundo año de esta legislatura en el Congreso, el primer año completo desde la investidura de Mariano Rajoy, con una Cámara Baja más dividida que nunca y con un Gobierno en minoría que, por ahora, no es capaz de sacar adelante los presupuestos de 2018.

Comienza el año sin que el Ejecutivo haya aprobado la ley más importante de cada ejercicio, la de presupuestos, y con un panorama negro, vista las serias dificultades del PP para buscar socios más allá de Ciudadanos y el PNV que, de momento, se pone de perfil.

En ese contexto, el presidente del Gobierno ha iniciado una ronda de contactos para intentar recomponer una mayoría parlamentaria que le permita dar continuidad a la legislatura.

Legislatura que parecía más o menos encarrilada para el PP después de que en junio pasado Rajoy superara holgadamente la moción de censura presentado por Pablo Iglesias -la tercera de la democracia- y de que ese mismo mes se aprobaran los presupuestos de 2017. Un espejismo emborronado por la crisis en Cataluña.

Y es que la división en el Congreso se mueve ahora en dos ejes, el tradicional que va de derecha a izquierda, y el nuevo frente que oscila entre constitucionalistas y nacionalistas.

Ni siquiera ha sido posible el consenso para la creación de una comisión para la modernización del modelo territorial y una posible reforma de la Constitución, que se ha puesto en marcha sin la participación de Podemos y de los nacionalistas.

A pesar de estas ausencias, la comisión celebrará este mismo de enero la comparecencias de los “padres” de la Carta Magna.

Y es que el nuevo panorama hace inevitable la llamada “geometría variable” a la hora de buscar mayorías.

Hasta ahora, el PP se ha apoyado normalmente en Ciudadanos -y en ocasiones el PNV- para sacar adelante las cuestiones económicas, y ha buscado la suma del PSOE para asuntos de Estado, como el desafío soberanista en Cataluña.

Del otro lado, el PSOE y Ciudadanos, junto a los partidos nacionalistas, han hecho bloque común para airear en sendas comisiones de investigación la corrupción del PP o el presunto uso partidista de medios del Ministerio del Interior.

Pese a la oposición de los populares, por la comisión de investigación del PP han pasado personajes como Luis Bárcenas y previsiblemente lo hará en un futuro el propio Rajoy.

Otro punto de fricción han sido los vetos del Gobierno a decenas de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

Un derecho que le otorga la Constitución, pero que todos los partidos de la oposición creen que aplica de forma abusiva.

En lo que llevamos de XII legislatura, el Ejecutivo se ha opuesto ya a la tramitación de 46 iniciativas legislativas de los grupos políticos o de parlamentos autonómicos, veinte de ellas en 2017.

Se defiende el Gobierno en que se trata de una perrogativa constitucional y que ejecutivos anteriores como el de José Luis Rodríguez Zapatero también la empleó profusamente en la IX legislatura, cuando tampoco contaba con una mayoría cómoda para gobernar.

A pesar de las dificultades para legislar, el Gobierno ha enviado a las Cámaras ocho proyectos de ley y ha remitido otros 19 decretos, de los que sólo uno -el relativo a la estiba- tuvo dificultades para ser convalidado en primera instancia.

También los grupos han ido sacando adelante sus iniciativas. El PP ha presentado trece proposiciones de ley, de las que tres ya han sido aprobadas de forma definitiva.

Del resto de grupos, las Cortes han dado luz verde a cinco proposiciones de ley, dos del PSOE, una de Ciudadanos y otra del PDeCAT.

Lo que sí ha funcionado con normalidad en el Congreso ha sido la función de control al Gobierno.

El Ejecutivo ha contestado más de 40.000 preguntas por escrito y casi 700 preguntas orales en el Congreso y el Senado, 72 de ellas dirigidas al presidente.

Además de las sesiones de control, Mariano Rajoy ha comparecido en tres plenos extraordinarios, entre ellos uno sobre su declaración como testigo en el juicio por Gürtel, y otra sobre la polémica actuación policial en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

Una crisis catalana que ha monopolizado las sesiones de control semanales y que ha dejado prácticamente olvidados el resto de problemas del país.

Portada de los telediarios ha sido cada semana los rifirrafes entre Rajoy y Gabriel Rufián, de ERC, cuyas ocurrencias han motivado el rechazo de gran parte del hemiciclo.

El diputado catalán sorprendió a todos cuando mostró desde su escaño una impresora con la que metafóricamente pretendía imprimir las papeletas del referéndum ilegal.

Pero sin duda lo que colmó la paciencia de la presidenta, Ana Pastor, fue cuando el portavoz independentista exhibió unos grilletes en protesta por el encarcelamiento de los exconsellers del Gobierno catalán.

La presidenta le apercibió por su comportamiento y le trasladó su intención de “preservar la buena imagen” del Congreso y garantizar el “respeto al conjunto de la Cámara”.

Un respeto que, según Ciudadanos, tampoco guardaron los diputados de ERC y PDeCAT cuando, a raíz de la detención en septiembre de los “jordis”, decidieron ausentarse de algunos plenos y comisiones en protesta por la situación política en Cataluña.

Ciudadanos intentó sin éxito que la Mesa del Congreso les retirara el sueldo por su comportamiento “incompatible con sus deberes parlamentarios”.

Pasadas ya las elecciones catalanas convocadas en virtud del 155, habrá que ver si vuelve cierta normalidad al Congreso o se mantiene una inestabilidad que tiene visos de ser crónica.

Rajoy ya ha dicho que pretende agotar la legislatura, aunque eso no quiere decir que vaya a ser un camino de rosas. Más bien todo lo contrario.

Por Enrique Rodríguez de la Rubia