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Crisis de libertad de expresión en Nicaragua agudiza, según PEN Internacional

El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

EFE

Managua —

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La crisis de la libertad de expresión en Nicaragua se “agudiza aún más” al aumentar el número de periodistas que deben exiliarse por no poder ejercer la profesión en el país, informó este lunes la asociación mundial de escritores PEN Internacional.

“Esta crisis de la libertad de expresión se agudiza más aún cuando al menos cien periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio por miedo a ejercer su profesión en su país”, señaló Pen Internacional en una declaración conjunta con PEN Nicaragua.

La cifra de periodistas exiliados registrada por PEN Internacional indica que al menos 40 comunicadores han abandonado Nicaragua en los primeros ocho meses de 2019, después de que unos 60 tomaran esa decisión desde el inicio de la crisis sociopolítica, en abril de 2018.

La crisis ha dejado cientos de personas presas, muertas o desaparecidas, así como decenas de miles de exiliados en los últimos 16 meses como consecuencia de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con personas y en ciudades que rechazan al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Como prueba del deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, PEN Internacional expuso el asesinato del periodista Ángel Gahona, el incendio de Radio Darío, la retención de materiales a los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario, la confiscación de los medios Confidencial, Esta Semana y la televisora 100 % Noticias.

Dichas acciones colocan “al Estado de Nicaragua como responsable de una triple agresión: contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa y contra los derechos de propiedad”, sostuvo la organización internacional.

PEN también recordó que el Gobierno incumplió con su compromiso de devolver a sus dueños las instalaciones y equipos periodísticos retenidos en marzo pasado.

La organización instó de forma “urgente al Gobierno de Nicaragua para que cese sus violaciones a la libertad de prensa y de empresa, así como las agresiones y encarcelamiento a periodistas”.

También le instó a que entregue las materias primas a los medios de comunicación y el “cese inmediato de toda agresión de las fuerzas policiales y paramilitares a periodistas, medios independientes, blogueros y escritores”, además de “garantizar la vida y la seguridad, y sus demás derechos humanos, tanto a ellos como a todo el pueblo de Nicaragua”.

Al menos tres periodistas no oficialistas han sido encarcelados en el marco de la crisis, dos de ellos, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, esta última también de nacionalidad costarricense, permanecieron encerrados entre diciembre y junio pasado.

La crisis de Nicaragua ha dejado 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes “de lesa humanidad”. Organismos locales cuentan hasta 595 muertos, y el Gobierno reconoce 200.

Actualmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) existe un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, que de aplicarse suspendería al país del organismo.

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