Crisis justicia en Polonia: El Gobierno acusa al Tribunal Supremo de extralimitarse

Las tensiones entre el poder político y los jueces en Polonia se han intensificado después de que el Tribunal Supremo polaco haya cuestionado la validez de los nombramientos de magistrados designados bajo la nueva regulación promovida por el Ejecutivo, algo que ha provocado las iras del Gobierno, que acusa a este tribunal de asumir competencias que no tiene.

“El Tribunal Supremo no tiene competencia para modificar o derogar el contenido de las disposiciones legales vigentes en Polonia: eso es una competencia reservada para el Parlamento y el Senado”, aseguró hoy el portavoz del Ejecutivo, Piotr Müller.

En este contexto, Müller informó de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se ha dirigido ya al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la resolución aprobada ayer por el Supremo, que declaró inválidos los nombramientos de magistrados de acuerdo a la nueva ley.

“Estos magistrados no tienen derecho a emitir sentencias”, dijo la presidenta de la Corte Suprema, Malgorzata Gersdorf, refiriéndose a los jueces nombrados bajo la nueva regulación.

Al mismo tiempo, el Parlamento polaco, dominado por el partido gobernante Ley y Justicia, ha ratificado su apoyo al proyecto de ley que permitiría que los jueces que critican las reformas del gobierno sean sancionados, incluso suspendidos.

Esta normativa fue rechazada el pasado viernes por el Senado, controlado por la oposición.

En este contexto, corresponderá al presidente de Polonia, Andrzej Duda, decidir si se aprueba o no la polémica norma.

Duda, cercano a Ley y Justicia, ha defendido en varias ocasiones las reformas del sistema judicial emprendidas por el partido gobernante.

Desde la Unión Europea se acusa abiertamente al Gobierno polaco de politizar el poder judicial, mientras Varsovia sostiene que su reforma es necesaria para superar un sistema de justicia ineficaz y anclado en la estructura heredada del periodo comunista.

Las decisiones de Polonia de aumentar el control del poder político sobre la administración de justicia y los medios de comunicación han provocado las críticas de la Comisión Europea, que considera que este país vulnera con sus reformas el Estado de derecho y los principios democráticos.

En un paso sin precedentes, Bruselas decidió en 2017 activar el procedimiento del artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia, que incluso podría llegar a perder su derecho de voto en la Unión Europea.