El fuego cruzado entre las guerrillas aislan a 100.000 personas en Colombia

Los habitantes de la región colombiana del Catatumbo, estimada en unas 100.000 personas, están atrapados en medio del fuego cruzado entre las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la primera considerada una banda narcotraficante por el Gobierno.

Las dos facciones se declararon la guerra hace más de un mes por el control de las rutas de la coca.

Aunque las cifras no han sido consolidadas por las autoridades, se estima que hasta 100.000 personas puede estar sitiadas por los combates que han llevado al cierre de colegios y comercios, según denunciaron diversos vecinos de la zona por teléfono a Efe.

La situación se ha agravado por el “paro armado” decretado hace cinco días por el EPL, con el que buscan restringir mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

En panfletos que ha hecho circular en esa región del departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, el Frente Libardo Mora Toro del EPL acusa al ELN de tener “un comportamiento cobarde, ruin, ladrón y paramilitar”.

Del Catatumbo, una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, aunque en algunos documentos oficiales se incluye también a Ocaña y Ábrego, para una población que total que ronda las 250.000 personas.

Justamente en Ocaña, la Alcaldía convocó hoy un consejo de seguridad “para tomar decisiones frente a situación de alteración de orden público que se presenta en la región y que involucra al municipio”.

El Catatumbo se encuentra actualmente en situación de emergencia humanitaria debido a los combates entre el ELN y el EPL, grupos armados que se disputan el territorio, especialmente aquel que abandonaron las FARC tras la firma del acuerdo de paz.

Esa extensa región selvática es una de las zonas más convulsas de Colombia por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las áreas con más cultivos de coca del país.

Un comerciante del corregimiento (aldea) de San Pablo, que forma parte del municipio de Teorama, dijo por teléfono a Efe que la situación es tan grave que siguen sin poder abrir las tiendas.

Esa situación de repite en la mayoría de los pueblos del Catatumbo, donde según testimonios de autoridades locales que piden no ser identificadas, la situación es “sumamente grave” pues ni las ambulancias pueden circular por miedo a represalias.

“Después de las seis de la tarde nadie sale a la calle y esto parece un pueblo fantasma”, explicó un vecino de San Calixto al resumir el temor que viven sus habitantes.

Por otra parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, recorrió hoy las calles de Tibú, uno de los pueblos del Catatumbo, acompañado por un numeroso séquito militar.

El alto oficial que es la primera autoridad que visita la zona desde que comenzaron los enfrentamientos hace más de un mes, dialogó con algunos vecinos y los pocos comerciantes que se han atrevido a abrir sus negocios, según un vídeo divulgado por el Ejército.

Uno de ellos que se paró a hablar con el general Mejía se quejó de la zozobra que se vive en el Catatumbo y le pidió que se mejore la seguridad.

Por su parte, el secretario de víctimas y Posconflicto de Norte de Santander, Luis Eduardo Niño, explicó ayer que han abierto refugios para que acudan a ellos quienes puedan verse afectados por los combates.

Sin embargo, denunció que tiene información acerca de que el ELN ha puesto minas antipersona cerca de los refugios y también ha habido hostigamientos cerca de estos, lo que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El corregimiento de Las Mercedes, que forma parte de Sardinata, también pidió en un comunicado que excluyan a la población civil del conflicto y que no recluten a más menores.

Según denuncia, los derechos de los cerca de 7.000 habitantes están siendo violentados puesto que no tienen libre movilidad, acceso al comercio de alimentos ni a centros educativos y los pacientes que lo necesitan no pueden ser trasladados.