La defensa ve desproporcionada la petición de documentación íntegra sobre los abusos

El abogado del padre Román, que ejerce la defensa en el caso que investiga supuestos abusos sexuales contra menores en Granada, ha considerado hoy “desproporcionada” la última petición del juez, que ha conminado al Arzobispado a que le entregue toda la documentación escrita de la que disponga sobre estos hechos.

El letrado Javier Muriel ha recordado, en declaraciones a Efe, que el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre presuntos asuntos de pederastia no es “jurídicamente vinculante”, algo que el juez instructor, Antonio Moreno, “ya sabe”.

Se trataría por tanto, ha añadido, de la primera vez en la historia judicial española que se reclama información “que está bajo secreto pontificio”.

“La petición es desproporcionada y responde a una absoluta falta de pruebas, si es que la jurisdicción penal no es capaz por sí misma de acreditar un hecho”, ha opinado Muriel.

Este pronunciamiento se produce después de que el instructor haya requerido al Arzobispado que aporte la documentación completa y por escrito sobre los interrogatorios que practicó a sacerdotes en el marco de la investigación eclesiástica iniciada tras tener conocimiento de la denuncia por supuestos abusos sexuales a menores.

En una providencia, según informaron a Efe fuentes del caso, el juez Antonio Moreno tomó la decisión tras observar que, en la documentación remitida con anterioridad, se habían “omitido” las referidas declaraciones e interrogatorios escritos de los religiosos sobre los que se inició el expediente eclesiástico.

En su resolución, el juez entendía que dichas comparecencias debían obrar “de forma escrita”, a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, y que en el caso de Granada dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de funciones para algunos de los investigados.

Tras conocer esta nueva petición y sin entrar a valorarla, el Arzobispado de Granada ha asegurado hoy por su parte que mantiene su colaboración con la justicia en la instrucción de los supuestos abusos sexuales y su posición de “tolerancia cero” con estas prácticas y con quienes las cometan.

La investigación se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado.

Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17 años.

Aunque inicialmente fueron investigadas un total de doce personas, diez sacerdotes y dos seglares, de los que fueron detenidos cuatro -tres curas y un profesor de Religión-, actualmente la causa se ciñe únicamente al padre Román, considerado el cabecilla del grupo, al entender el instructor que los delitos que se imputaban al resto estarían ya prescritos.