La defensa del asesino de la peregrina Denise Thiem pide la anulación de la condena

El letrado defensor de Miguel Ángel Muñoz, condenado a 23 años por la Audiencia de León tras un juicio con jurado popular por el asesinato y robo con violencia a la peregrina estadounidense Denise Thiem en 2015, ha pedido la anulación de la sentencia o una rebaja de pena sustancial.

En la vista del recurso de apelación contra la sentencia, que ha visto hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), el abogado defensor, Emilio Cortés, ha argumentado para pedir la nulidad que se han vulnerado los derechos del condenado porque la Policía Judicial actuó con “cierta ligereza” al detenerle e interrogarle sin presencia de un abogado.

Ha considerado que “se buscó a un culpable, no al culpable”, porque había presiones del Consulado de Estados Unidos para que se resolviera el crimen.

Sin embargo, tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular, Fernando Rodríguez, han coincidido en señalar que la detención se produjo tras una investigación previa y “no por presiones consulares”.

Fernando Rodríguez ha explicado que la investigación se desarrolló desde el momento del crimen, en abril, hasta la detención de Miguel Ángel Muñoz, en septiembre del mismo año.

Ha considerado que lo que se produjo en un primer momento no fue un interrogatorio sin abogado, sino una “declaración espontánea” del entonces sospechoso, que indicó a los agentes dónde se encontraba el cadáver de la peregrina.

En la vista, la defensa se ha referido también a la falta de pruebas por lo que no correspondería una condena de 20 años por asesinato, sino una de 12 por homicidio; y ha considerado que el robo con violencia, que ha supuesto una condena a tres años de cárcel, debe ser desestimado o sustituido por hurto, dado que el condenado pudo hacerse con el dinero de la víctima tras su muerte.

El abogado de la acusación particular y la Fiscalía han coincidido en que el jurado popular emitió su veredicto en base a “pruebas de cargo suficientes”, como la falta de lesiones defensivas de la víctima, la propia declaración del condenado y el hecho de que, doce días después del asesinato, Miguel Ángel Muñoz acudió a una entidad bancaria para cambiar a euros 1.132 dólares cuya procedencia no pudo acreditar.