La defensa que Trapero inició en el TS: avisó al Govern y planeó su arresto

El juicio a la dirección de los Mossos por el “procés” comienza la próxima semana en la Audiencia Nacional, pero el mayor Josep Lluís Trapero inició su defensa hace meses, cuando testificó en el Supremo y se desmarcó del Govern: le avisó del riesgo de violencia el 1-O y le aseguró que cumpliría la ley.

Es más, tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus consellers, según declaró el 14 de febrero del año pasado en la vista oral contra los líderes políticos del soberanismo.

Acusado de rebelión por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide para él once años de prisión, Trapero avanzó públicamente los ejes de su relato y defendió el trabajo de los Mossos tanto el 20 de septiembre, cuando se registraba la Consellería de Economía y miles de personas rodeaban durante horas el edificio, como el 1 de octubre, fecha del referéndum ilegal.

En la sentencia, no obstante, el Supremo consideró que el despliegue de binomios de los Mossos d'Esquadra para impedir el 1-O fue “a todas luces insuficiente”, en el marco de la estrategia del Govern para “neutralizar” su capacidad operativa, y que hubo episodios de “auténtica complicidad” y “casi connivencia” con votantes.

Así lo denunciaron durante el juicio los responsables de Interior en aquellas fechas y, especialmente, el coordinador policial para el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, que acusaron a Trapero de una “alineación total” con el Govern y expusieron cómo perdieron progresivamente la confianza en la policía autonómica.

El mayor, citado como testigo, decidió contraatacar y, en una larga comparecencia, se desvinculó del “proyecto independentista” del Govern, al que, dijo, instó a poner fin al referéndum, al tiempo que le advertía de que el 1-O iba a haber “necesariamente” problemas de orden público y seguridad ciudadana.

Lo hizo en una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017 a instancia suya y en la que participaron Puigdemont, el exvicepesident Oriol Junqueras -condenado a trece años de prisión por sedición- y el exconseller de Interior Joaquin Forn -condenado a diez años y medio-.

Acompañado de la cúpula de los Mossos, dijo, trasladó al Govern que la policía autonómica no “iba a quebrar nunca con la legalidad ni con la Constitución”.

En las cerca de 500 páginas de la sentencia que condenó a la cúpula política del “procés”, el nombre de Trapero aparece catorce veces, esencialmente para narrar lo ocurrido en aquella cita y apuntalar así las condenas a los cargos políticos.

El tribunal recoge como hecho probado que Trapero avisó al Govern “de la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos” el 1-O, y aconsejó que se suspendiera la votación.

Respecto a los incidentes registrados el 20-S frente a la Consellería de Economía, Trapero aseguró en el juicio que se implicó “personalmente” para garantizar que la comisión judicial saliese del recinto tras recibir una llamada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La secretaria judicial que encabezaba el registro declaró que aquel día tuvo “miedo”, pero Trapero señaló que propuso una salida “segura” a la comitiva, creando una “cápsula” de veinte agentes separada de los manifestantes por un cordón de voluntarios“. Y minimizó los episodios de violencia que denunciaba la Fiscalía.

Trapero no ocultó sus diferencias con el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, pero tampoco que los Mossos encajaban “muy mal” los anuncios de Forn de que el cuerpo garantizaría que se podría votar el 1-O con normalidad, por su “irresponsabilidad”.

Según su relato, el operativo “no tenía otra finalidad” que la de impedir el referéndum y no estuvo dirigido políticamente, aunque el Supremo, con su condena a Forn, dudó de esa versión.

Trapero insistió en que ese dispositivo tan criticado fue acordado con la Policía Nacional y la Guardia Civil y así lo corroboró en el juicio su número dos, el comisario Ferran López, quien acudió en su nombre a las reuniones de coordinación en representación de los Mossos e hizo una defensa cerrada de la policía autonómica.

A pesar del papel que desempeñó en aquel momento, López fue elegido por el Ministerio del Interior para dirigir a los Mossos tras la destitución de Trapero en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, dijo en el Supremo que ignoraba el dato.