Las defensas de Sànchez y Cuixart alegan que la situación ha cambiado tras el 155

Las defensas de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han defendido hoy en la vista para pedir su libertad que ya no hay riesgo de que vuelvan a delinquir al haberse consumado la declaración de independencia y aplicado el artículo 155.

En la vista celebrada ante la sección segunda de la Audiencia Nacional el fiscal José Miguel Carballo ha pedido que se les mantenga en prisión provisional, según han informado fuentes de las defensas de Sànchez y Cuixart, encarcelados desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez Carmen Lamela por un delito de sedición.

Los abogados de Sànchez y Cuixart, Jordi Pina y Marina Roig, han alegado ante la sala que el argumento de la juez de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155.

“Hemos alegado que las circunstancias en Cataluña han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155”, ha dicho Pina a los periodistas tras la vista.

A su juicio, “el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso”, y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho “seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva”.

Los abogados han afirmado también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que, de hecho, ambos se encontraban en la prisión madrileña de Soto del Real cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.

En cuanto a su participación en la concentración frente a la Conselleria de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados han aportado grabaciones y material gráfico de esa noche.

En esas imágenes, según las defensas, se muestra que Sànchez y Cuixart no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron.

Los letrados también han recurrido en la vista la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos y han aportado para ello autos del juez de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, en los que ordenó intervenciones telefónicas y diligencias como el registro a la Conselleria el día 20.

En esos autos, han destacado, el juez se declaraba competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición, por lo que la causa se podría llevar en los juzgados de instrucción de Barcelona.

Pina ha explicado que la sala, compuesta por cinco magistrados que resolverán el recurso a la prisión y también el de la competencia, debatirá el lunes que viene esta última cuestión.

Sànchez y Cuixart pidieron al tribunal poder estar presentes en la vista del viernes, pero la sala se lo denegó porque en esas comparecencias nunca se cita a los presos.

La juez les envió a prisión al asignarles el papel de “promotores y directores” de las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía, ya que ambos se mantuvieron al frente “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”.

Lamela destacaba en su auto de prisión también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de WhatsApp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial en Economía, “realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales”.

Con todo ello, según la juez, pretendían “impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución”.