Las defensas en ERE alegan que “falta concreción” en imputaciones a los excargos

Las defensas de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados por prevaricación y malversación han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que piden la absolución de sus clientes, ante la “falta de concreción” y “vaguedad” de los hechos que se imputan a cada uno.

Varios letrados han alegado que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias han mantenido en sus calificaciones finales “genéricas acusaciones”, sin “individualización” de las conductas delictivas atribuidas a cada uno de los acusados, con “déficit de concreción”, una “imprecisión, vaquedad e insuficiencia que genera indefensión”.

También han defendido, apelando a las declaraciones de algunos testigos y peritos, que en el juicio no han quedado acreditadas varias de las acusaciones mantenidas por la Fiscalía respecto a sus representados.

Así por ejemplo lo ha expuesto el letrado que defiende al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, al señalar “la ausencia de cualquier prueba, si quiera indicios, de que el señor Zarrías haya intervenido o influido en ningún expediente de concesión de ayudas”.

Esta defensa ha impugnado además la prueba pericial practicada de forma conjunta durante mes y medio con un debate entre tres interventores del Estado, cuyo informe es clave para las acusaciones, y seis expertos en Derecho Administrativo y Economía propuestos por los exconsejeros de Hacienda y de Empleo, al considerar que sus planteamientos se han centrado en asesorar al tribunal en cuestiones legales cuando las periciales judiciales están prohibidas.

Igualmente ha reiterado la vulneración del derecho al juez natural que ya planteó, y fue desestimada, en las cuestiones previas, mientras el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera también ha incidido como planteó en el trámite inicial en considerar prescritos los presuntos delitos de prevaricación y malversación atribuidos a su cliente, que dejó el cargo en 2004.

El abogado de Viera, José Manuel Herrera, ha defendido que la Fiscalía, al mantener la acusación por malversación para su cliente y la mayoría de los acusados -muchos incursos en las piezas separadas abiertas para investigar cada ayuda concreta otorgada por la Junta del 2001 al 2010 siguiendo el llamado “procedimiento específico” que se juzga en esta pieza política- vulnera el principio del “doble enjuiciamiento” a una misma persona por los mismos hechos.

La falta de pruebas para sostener las acusaciones de la Fiscalía también ha sido planteada por la abogada Encarnación Molino, que defiende al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, quien ha calificado de “sorprendente” que mantenga la “calificación infundada” de que en la agencia pública IDEA (antes IFA) se presupuestaran “gastos ficticios”.

Por su parte, el letrado José Ávila -que representa al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero- ha incidido en que las ayudas otorgadas por su cliente estaban amparadas por la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, por lo que “existe una base normativa legal aplicada igualmente por el Ministerio de Trabajo y otras comunidades autónomas”.

Ha subrayado que el procedimiento de concesión de las ayudas era “absolutamente legal” y a su cliente “le viene dado por sus superiores, el consejero y el viceconsejero de Empleo” mientras que la forma de pago a través de IDEA -con transferencias de financiación que le enviaba- “viene determinado por las leyes de Presupuesto que aprobaba el Parlamento”.

Según su letrado, Guerrero otorgó las ayudas “de forma lícita y sin ningún ánimo opaco ni de ocultamiento a la Intervención”.

Una vez expuestas sus conclusiones finales por todas las defensas -las de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán lo hicieron el lunes-, la sesión continuará con el informe final de la Fiscalía.