Más de 200 defensores de DDHH y periodistas asesinados en sexenio Peña Nieto

Un total de 161 defensores de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), informó hoy la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT).

El secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos, acompañado de seis miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron hoy el informe evaluador del sexenio de Peña Nieto, que finaliza su administración este sábado, que muestra la situación de inseguridad de las personas que luchan por los derechos humanos.

“Periodistas y defensores son la voz de la voz de la sociedad; es fundamental respetar a estos dos colectivos”, reclamó Ríos.

Según el activista, el fruto del gobierno de Peña Nieto ha sido una “estela de la muerte”, ya que durante su administración la mayor parte de los crímenes -un 99,3 %-, dijo, permanecen en la impunidad.

Aún así, Ríos aclaró que la esperanza en estos años “de violencia” ha sido el aumento de defensores de los derechos humanos.

Junto a él se encontraba también la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, quien calificó los años de Peña Nieto en el gobierno como “sexenio horrible”.

Reneaum destacó la necesidad de “enseñar la realidad al México ciego” y de “voltearse a ver esta situación” a quienes están “en ambientes más urbanos”.

Asimismo habló de la importancia de que haya defensores y protección para ellos en cualquier estado democrático, situación que, explicó, no se da en el país centroamericano.

Con respecto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión este sábado, se mostró esperanzada pero aclaró que “no se puede confundir entusiasmo con complacencia”.

Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien perdió a sus hermanos y a su tío y que sufre amenazas y persecución actualmente, comentó que el dolor ha permitido “seguir denunciando las atrocidades del Gobierno de Peña Nieto”, período en el que esta asociación ha intentado denunciar desapariciones y asesinatos y ha recibido solamente acusaciones como respuesta.

En otro caso, Elisabeth Espejel, del Colectivo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, perdió a un hermano en 2012 y en 2016 cuatro hombres irrumpieron en casa de su madre y la mataron.

“Mi madre siguió su lucha para encontrar a mi hermano y fue asesinada; pensaron que así iba a acabar su lucha pero no, aquí sigo yo”, sentenció Espejel.

Otro de los presentes, representante de la Autoridad comunitaria de la Comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán (estado de Jalisco), Manuel Aguilar, explicó la situación de inseguridad en la que se encuentra por tratar de defender a la comunidad a la que pertenece.

Desde 1984, el territorio donde creció ha sufrido explotación por parte del gobierno municipal quien, dijo, ha ido expulsando a los indígenas produciendo pérdida de cultura y de territorio de esta comunidad.

A partir de 2013 los habitantes se organizaron para reclamar lo que anteriormente había sido suyo y desde entonces las amenazas, asesinatos y desapariciones han estado al orden del día en San Lorenzo Azqueltán.

“Quisiera morirme y volver a nacer con una nueva cara para poder andar solo”, finalizó Aguilar.