Delgado replica a jueces y fiscales que ya se trabaja en sus peticiones

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha enviado una carta a las asociaciones de jueces y fiscales ante su anuncio de nuevos paros en la que reitera su disposición al diálogo, pero recuerda también que ocho de las once medidas que reclaman están ya en tramitación o implementadas y tres no son responsabilidad suya.

La ministra dedica cinco folios a hacer “una serie de matizaciones” a las propuestas que le remitieron las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que han organizado los primeros paros para marzo después de haber protagonizado el año pasado dos jornadas de huelga.

En su litado de reivindicaciones, destaca la convocatoria de 300 plazas de jueces y fiscales este año, propuesta que ha sorprendido en el Ministerio porque se han prometido 500 plazas -la mayor convocatoria de los últimos 25 años, subraya Justicia-.

En el proyecto remitido al Congreso se hablaba por “error” de 100 plazas, pero el plan es subsanarlo a través de una enmienda; si los presupuestos no se aprueban, añade la ministra, se prorrogarían las cuentas de 2018, por lo que se convocarían 300.

Respecto a las distintas reivindicaciones salariales, Delgado señala se les está aplicando el acuerdo alcanzado para toda la función pública y subraya que si los presupuestos salen adelante habrá 8,3 millones de euros más para ambas carreras.

Se han comenzado los trabajos para retribuir las guardias de acuerdo con la responsabilidad del cargo, “dentro de las disponibilidades presupuestarias”; ya se está pagando el máximo que fija la ley para las sustituciones; y para fijar un complemento de carrera profesional es necesario que ésta sea antes definida, añade.

Según apunta, el incremento de unidades judiciales se incluye también en el proyecto de presupuestos y para el aumento de la plantilla de fiscales se espera una respuesta de Hacienda.

Delgado recuerda asimismo que propuestas como la asignación permanente de jueces a juzgados sobrecargados dependen del Consejo General del Poder Judicial y asegura que se está trabajando en los problemas de la justicia digital.

Respecto a la propuesta de derogar por un decreto ley el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija plazos máximos para la instrucción, explica que esa medida podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional, ya que se está tramitando una proposición con ese objetivo en el Congreso, bloqueada por el PP y Ciudadanos, y cualquier grupo podría alegar que se usurpan funciones del legislativo.

Ante las peticiones de derogar varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial recientemente reformados, Delgado recuerda a las asociaciones que la norma “es fruto de las mayorías parlamentarias existentes”, que son “expresión de la soberanía popular” y a quien en último término corresponde decidir un cambio legislativo.

Esa reforma, añade, dio además respuesta a varias de las reivindicaciones que llevaron a las asociaciones a la huelga el año pasado.