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Los diputados deberán informar de sus anteriores actividades económicas

Los diputados deberán informar de sus anteriores actividades económicas

EFE

Madrid —

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Los diputados y senadores tendrán que dar cuenta de las actividades que hayan realizado en el pasado y por las que hayan obtenido beneficios económicos, según el borrador del Código de Conducta que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha hecho llegar a los portavoces de los grupos parlamentarios.

Una medida nueva, según consta en este borrador al que ha tenido acceso EFE, y en el que también aparece la obligación de detallar las donaciones o regalos “no remunerados” que se hayan obtenido con anterioridad a ocupar al escaño y que no hayan sido hechos por familiares y amigos.

Todas estas propuestas surgen justo cuando han salido a la luz situaciones como la de la de la aspirante de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, en relación con una sociedad mercantil que había compartido con su marido, o la de hace unos meses del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que creó una sociedad para gestionar la propiedad de una vivienda.

Hasta ahora, los diputados y senadores solo tenían que dar cuenta de las actividades que desarrollaban en el momento de ocupar su escaño.

Otra de las cosas que plantea este documento, elaborado a partir de las recomendaciones recogidas en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, es que los parlamentarios, antes de iniciar su labor, detallen esas donaciones u obsequios, incluidos viajes o invitaciones a eventos, que puedan ser relevantes a la hora de valorar un posible conflicto de intereses.

La declaración de bienes patrimoniales que tienen que hacer al inicio de la cada legislatura incorpora datos nuevos como el tipo de interés que se aplica a los créditos que hayan solicitado y la individualización del saldo existente en las cuentas bancarias que posean.

Novedad es también prever un régimen disciplinario para aquellos que incumplan el Código que se aplique y será la Comisión del Estatuto del Diputado o la Comisión de Incompatibilidades del Senado quienes resuelvan y recomienden, si procede, una sanción.

Incorpora además la creación de una Oficina de Conflictos de Intereses para resolver las dudas de interpretación que el Código pueda generar tanto a los parlamentarios como a las Mesas de las dos cámaras.

Los parlamentarios deberán también hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia, incluyendo las reuniones que hayan mantenido con grupos de presión.

Ahora, los grupos parlamentarios analizarán el documento, que encargó la Mesa de la Cámara a la Comisión del Estatuto del Diputado hace un año, y podrán plantear sugerencias antes de su redacción final.

Un encargo que se hizo después de que el Consejo de Europa apercibiera a España porque de las once recomendaciones que hacía para mejorar la transparencia en el Parlamento solo cumplían siete de ellas y de manera parcial, por lo que calificaba la situación de “globalmente insatisfactoria”.

En este proyecto no se ha incluido finalmente una sugerencia de GRECO, que no gustaba a los partidos porque consideraba incluir además información patrimonial de los cónyuges y de otros familiares dependientes, aunque no tuviera que hacerse necesariamente pública.

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