A disposición de un juez los cuatro militares salvadoreños detenidos por la masacre de jesuitas

Los cuatro militares capturados en El Salvador, requeridos en España por su participación en 1989 en la masacre de seis padres jesuitas, una trabajadora y su hija fueron puestos a disposición del juez en la capital salvadoreña, informó hoy la Policía en un comunicado.

A las 14:45 hora local (20:45 GMT) del sábado, los implicados quedaron bajo jurisdicción de un juez de paz y mañana lunes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinará el tribunal que decidirá los siguientes pasos del proceso.

La Policía explicó que la noche del sábado los detenidos se encontraban en la Subdirección de Tránsito Terrestre a disposición del juzgado.

Los militares retirados capturados en el país centroamericano durante una operación iniciada la noche del viernes son: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez.

Estos son parte del grupo de 17 militares retirados requeridos por el juez español Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España por supuestamente asesinar al rector de la Universidad Centroamericana (UCA) Ignacio Ellacuría, sus 5 compañeros y las dos mujeres.

Horas después de oficializadas las detenciones de 4 de los 16 implicados que están en territorio salvadoreño, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, confirmó la huída de los 12 restantes y les pidió que se entregaran a la Justicia porque es “lo mejor para el país”.

El número 17 de la lista es el exviceministro de Defensa Inocente Montano, que aguarda en Estados Unidos a ser extraditado a España, después de que una jueza de ese país avalara el proceso el pasado viernes.

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope” durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López.

También fueron asesinadas la trabajadora Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país.