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El “pelotazo” de Vendrell: una masía para fiestas políticas duplicó su valor

Madí, Vendrell y Soler siguen detenidos hasta pasar mañana a disposición juez
Barcelona —

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Barcelona, 29 oct (EFE).- Villa Bugatti, una lujosa masía de Cabrera de Mar (Barcelona) frecuentada por políticos en fiestas y eventos, es el epicentro del supuesto “pelotazo” urbanístico que el juez atribuye al exconseller de ERC Xavier Vendrell, quien logró mantener así la actividad de banquetes y doblar su valor.

Así lo cree el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en un auto en el que autoriza a la Guardia Civil los registros de la operación Volhov, que ayer se saldó con 21 detenidos, entre ellos el propio Vendrell, el alcalde de Cabrera (PDeCAT), Jordi Mir, el arquitecto municipal, Ramon Vilà, y el concejal de Urbanismo, Enric Mir.

El magistrado investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros.

En su escrito, basado en informes remitidos por el instituto armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.

Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar un proyecto educativo a través de la Fundación El Brot y mantener la actual actividad de banquetes.

Los indicios de la Guardia Civil, que el magistrado instructor da por válidos, se basan en conversaciones telefónicas interceptadas que considera “bastante claras respecto a la presunta ilicitud de la recalificación y al interés económico ilícito que se persigue con ella”.

De acuerdo con el auto, para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel”, como los consellers Damià Calvet o Josep Bargalló, así como al alcalde de Cabrera, al concejal de Urbanismo y a otros altos cargos de la consellería de Territorio y Sostenibilidad, que se habrían comprometido a darle a los trámites de recalificación “una agilidad superior a la que marca la norma”.

La Guardia Civil asegura además que, a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti“, sin licencia e incumpliendo ”reiteradamente“ las normas urbanísticas y sanitarias, de las que el alcalde y el concejal estaban al día.

Vendrell habría llegado a afirmar al respecto que el entonces presidente catalán Quim Torra inauguraría la masía, por lo que la Generalitat no pediría “explicaciones”.

Incluso el número dos del Departamento de Interior en la época, Brauli Duart, habría “tranquilizado” a Vendrell al decirle que “habría controles policiales informativos para que Torra esté contento, pero es pura escenografía”.

“En Villa Bugatti no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso”, sostiene en una de las conversaciones Mir, mientras que en otra asegura que la masía “ha funcionado piratillamente durante muchos años”.

Por todo ello, el juez investiga al alcalde de Cabrera, al concejal de Urbanismo y al arquitecto municipal por tráfico de influencias y prevaricación urbanística por impulsar la aprobación inicial de la modificación del POUM en un pleno, en febrero de 2020, a sabiendas de que Villa Bugatti no tenía legalizadas las actividades que en ella se desarrollaban.

El informe recoge también conversaciones de Vendrell con cargos del Govern, como la directora general de centros educativos concertados y privados, Pilar Contreras, o el director general de centros educativos, Josep González-Cambray, que supuestamente se habrían comprometido a ayudarlo, así como con los responsables del consistorio.

En otro de los autos, el juez apunta a que Contreras “influyó” e hizo la “vista gorda” para que Xavier Vendrell pudiera aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí (Barcelona), de cuyo patronato es presidente.

Según el magistrado, Contreras “habría influido” en el responsable de servicios territoriales del Baix Llobregat, Francesc Ballester, para que éste “no ponga pegas a que haya más alumnos por aula en la escuela de El Brot en Sant Joan Despí de los que contempla la resolución administrativa”, fijados en ocho estudiantes, para elevarlos hasta los doce.

Para el juez, Contreras también “ha beneficiado directamente” a Vendrell al informarle de los pasos que seguir para obtener el concierto educativo de las nuevas aulas que el investigado pretendía habilitar en este centro de Sant Joan Despí.

El magistrado subraya en su auto que Vendrell quería tener “las cosas bien atadas” ante un eventual cambio de Govern.

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