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El voto se convierte en dinero

Aproximadamente el 50% del gasto de las comunidades para celebrar elecciones autonómicas se destina a subvenciones a partidos políticos, según el gasto electoral en Asturias y País Vasco

Adelantar comicios supuso un gasto extra de 1,2 millones de euros en Asturias

La falta de transparencia impide conocer el desglose de los datos de Galicia y Andalucía

Los partidos catalanes reducen su gasto a 8,5 millones de euros para la campaña del 25N

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Las últimas elecciones en Asturias costaron casi tres millones y medio de euros. Un 45,9% se lo llevaron los partidos políticos en subvenciones, un porcentaje similar al de los comicios de 2011. Lo mismo ocurre en las elecciones vascas de 2009, 2005 y 2001, donde aproximadamente la mitad del gasto en celebrarlas se destina a las subvenciones a partidos políticos, según estipula la Ley Electoral en función del número de votos y de escaños obtenidos por cada grupo.

Gracias a la plataforma 'tu derecho a saber', los gobiernos vasco y el asturiano hicieron públicos los datos desglosados del costo de sus comicios. Como se puede ver en el siguiente gráfico, las elecciones al Parlamento vasco del 2001 costaron unos 8 millones de euros, de los que 4,2 (un 53%) fue para subvenciones a partidos; en el 2005, 4,5 millones (un 48% de los 9,3 millones de gasto total); y en el 2009 se designaron 4,9 millones (un 49% de los 10 millones totales). La solicitud de tuderechoasaber.es no pedía datos de las elecciones de 2012 (aún no se habían convocado), por eso no están especificados.

La cantidad que consiguen los partidos en subvención la determina la Ley Electoral de cada comunidad. Por ejemplo, en el caso del Principado de Asturias, la ley estipula que los partidos reciban 14.976,07 euros por cada escaño obtenido, y 0,75 euros por cada voto conseguido por candidatura, siempre que al menos uno de los miembros se haya proclamado concejal. Es decir: tu voto se traduce directamente en dinero para el partido por el que votes (aunque existe un límite máximo en la cuantía de estas subvenciones por resultados electorales).

Según el Informe de fiscalización de las elecciones asturianas del 2012, los votos de los ciudadanos resultaron en una subvención total de más de un millón de euros a los grupos políticos:

Además, el Estado subvenciona a los partidos específicamente para sufragar los gastos electorales del envío de sobres y papeletas electorales, publicidad y propaganda. Sin embargo, reducir la impresión de papeletas al límite legal supuso, por ejemplo, un ahorro de 3 millones de euros en las pasadas elecciones generales.

Las elecciones al Parlamento de Cataluña del 25N se verán afectadas por la reforma, de hace poco más de un mes, de la Ley de Financiación de Partidos, por la que las subvenciones a los mismos se reducen un 20%. Las cuantías dejan de ser fijas y dependerán de lo que establezca el Gobierno central (con anterioridad, se repartían más de 82 millones de euros entre los grupos con representantes parlamentarios).

"Las formaciones políticas catalanas han reducido el presupuesto para esta campaña electoral a 8,5 millones de euros. Al margen de la reducción del 20% que prevé la Ley Electoral General, confirmado por el Decreto 106/2012 para Cataluña, cada una de las formaciones políticas ha recortado gastos en diferente porcentaje. CiU reduce su gasto en un 25% con respecto a los comicios de 2010; PSC, un 33%; PP, un 20%; ICV-EUiA son los que más han disminuido su gasto, hasta un 60%; y por último, de cerca le sigue ERC, con un recorte del 50%."

El coste de anticipar las elecciones

La decisión de Álvarez Cascos de anticipar las elecciones autonómicas en Asturias a marzo de 2012 salió cara: costaron unos 3,5 millones de euros a las arcas públicas, 1,2 millones más que diez meses antes, según el informe de liquidación del presupuesto de gastos electorales en Asturias. De los últimos cuatro comicios autonómicos, tres han sido anticipados, incluyendo País Vasco y Galicia.

Desde el Gobierno asturiano, explican que en 2011 las elecciones fueron nacionales y locales, por lo que las distintas administraciones compartieron gastos, lo que no fue posible en el 2012. Tampoco se pudieron acoger a acuerdos para el desarrollo del escrutinio, como el firmado con el Ministerio del Interior unos meses antes.

Así, a los 630.120 euros del servicio de transmisión de datos (70.000 euros más que en 2011), hay que sumar otros 213.039 de las líneas telefónicas solicitadas por Indra, empresa encargada de la difusión y el recuento de votos, según confirma Rosaura Vázquez, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Falta de transparencia

En cuanto a las otras dos comunidades que también celebraron elecciones autonómicas este año, Galicia y Andalucía, no ha sido posible conseguir datos desglosados. En el caso de Galicia, la petición ciudadana de julio de 2012 no fue contestada con éxito, aunque la Xunta estuvo más abierta a colaborar cuando se lo pidió eldiario.es. Las dos comunidades proporcionaron información unos días después, aunque de manera incompleta, como se puede consultar aquí.

España es el único gran país europeo que aún no regula por ley el derecho a la información, y por tanto, datos como estos, con el desglose de unas elecciones pagadas por todos, no se consideran públicos. Como tampoco lo son las donaciones privadas a partidos políticos de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles, según la última modificación de la Ley de Financiación de Partidos.

El Congreso de los Diputados tramita en estos momentos la Ley de Transparencia que cambiará esta situación y que se encuentra en proceso de enmiendas. Entrará en vigor un año después de que se apruebe, es decir, a finales de 2013 como pronto. Sin embargo, los expertos la han calificado de insuficiente y aseguran que, tal y como está redactada, no cumple los estándares internacionales.

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