Los emigrantes sudaneses y eritreos trasladan sus protestas a Jerusalén

Miles de emigrantes sudaneses y eritreos se congregaron hoy a las puertas del Parlamento israelí en Jerusalén, en su cuarta jornada de protestas contra la política de asilo israelí y para exigir la revisión de sus solicitudes.

Los emigrantes se presentaron ante el Parlamento por la mañana para solicitar protección y respeto por parte del Gobierno, con eslóganes como el de “No somos criminales, somos seres humanos”, informó la edición digital del diario Yediot Aharonot.

Parlamentarios de las agrupaciones de izquierdas Meretz y Hadash habían organizado un encuentro con ocho portavoces de los manifestantes para debatir con ellos, un encuentro que finalmente no se llevó a cabo por la oposición del presidente de la Cámara, Yuli Edelstein, y de algunos diputados de derechas.

“Los infiltrados buscan reunirse en Jerusalén para sacar partido a su campaña contra el Estado de Israel y eso es un insulto a la Kneset” (Parlamento), denunció Miri Regev, diputada del Likud, que convenció a Edelstein de que no aceptara a los emigrantes en el recinto parlamentario.

Según Regev, se trata de “otro intento de dañar la imagen del país y convertirlo en un violador de los derechos humanos a los ojos del mundo”.

Una de las promotoras del encuentro, Michal Rozin, de Meretz, dijo que no entendía por qué se había suspendido.

“No veo razón para evitar que ocho personas se entrevisten con miembros de la Kneset (...) ¿Qué les asusta, escuchar su opinión?”, preguntó.

Desde el domingo, miles de demandantes de asilo de Eritrea y Sudán protagonizaron en Tel Aviv una huelga de tres días y protestas multitudinarias que hoy trasladaron a Jerusalén para exigir que el Gobierno israelí revise una a una sus demandas de asilo, la liberación de presos africanos y la anulación de la reforma de la Ley de Prevención de la Infiltración aprobada en diciembre.

Esta ley permite el encarcelamiento durante un año de quien no tenga en reglas los papeles y después la detención “indefinida” en centros de internamiento que algunos consideran “cárceles abiertas”.

De esta manera, el Gobierno israelí no procede a su expulsión pero tampoco les concede el estatus de refugiado ni permisos para trabajar, lo que habitualmente los condena a empleos precarios e ilegales, principalmente en el sector servicios.