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Los empleados públicos de Nicaragua no deben ser manipulados, advierte una ONG
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) advirtió hoy que los empleados públicos no deben ser manipulados y no pueden ser obligados por el Gobierno a participar en actividades partidarias, en relación con el 39 aniversario de la revolución de Nicaragua.
El derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle se conmemora oficialmente el 19 de julio, pero el Gobierno ha anunciado que se prolongará toda la semana, lo que disparó la tensión en el marco de la crisis que vive el país desde hace tres meses y que ha dejado más de 350 muertos.
“Empleados o servidores públicos del sector estatal y afines: Ninguno de ustedes puede ser obligado a participar en actividad partidaria o estatal alguna, que no esté de acuerdo con sus convicciones o preferencias políticas”, informó el CENIDH, en una carta pública.
El Gobierno aparentemente habría utilizado a los empleados del Estado en actividades de apoyo al presidente Ortega, al que la CENIDH señala como responsable de cientos de muertes en 3 meses de crisis.
“Sus deberes, como servidores públicos, se restringen al ámbito de las funciones burocráticas o técnicas para las cuales fueron contratados. Ninguna ley, reglamento, o contrato alguno, les exige ni les puede exigir que apoyen o participen en actividades partidarias, y ni siquiera a favor del presidente”, agregó el CENIDH.
La utilización de empleados públicos en las calles y rotondas para mostrar su apoyo al mandatario es una de las prácticas más conocidas del Gobierno de Nicaragua desde que Ortega volvió al poder en 2007.
El CENIDH recordó que la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia”.
“Amenazarlos con despidos por no participar en manifestaciones o actividades políticas es algo totalmente ilegal, una grave violación a los derechos humanos”, resaltó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
El Gobierno rechaza esas acusaciones y denuncia que “grupos terroristas siembran la guerra” e intentan llevar al país al despeñadero, como reiteró el lunes la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
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