Una vida sin empleo ni estudios envuelve a los ex “presos políticos” en Nicaragua

Entre febrero pasado y el 11 de junio unos 620 “presos políticos” fueron excarcelados por el Gobierno de Nicaragua. Eran días de alegría, pero las sonrisas se desvanecieron. Su condición les impide retomar sus vidas como trabajadores o estudiantes en un país polarizado por razones políticas.

Uno de los excarcelados es Hamilton Hernández Montalván, un ingeniero industrial y diseñador gráfico de 30 años que, tras 7 meses en prisión, no encuentra trabajo ni puede establecer un negocio.

“Mi situación es precaria, difícil, honestamente dura”, dice Hernández en entrevista con Efe.

Para alguien de pocas palabras y que siempre trabajó por su dinero, admitirlo es trágico. Relata que llevaba una vida relativamente cómoda con su esposa e hija recién nacida en la ciudad de Matagalpa (norte), hasta que en octubre pasado, paramilitares y policías lo sacaron con violencia de su casa, y lo acusaron de terrorista.

Tras ser excarcelado debió acomodarse en casa de sus padres, también sin ingresos porque a su papá, un prominente catedrático, lo despidieron por su “hijo terrorista”, y su mamá perdió a unos inquilinos extranjeros porque su proyecto en Nicaragua fue suspendido a raíz de la crisis.

“Todo lo que hace la dictadura es mantener la inestabilidad en la sociedad nicaragüense, todas sus medidas, financieras, políticas, sociales, impactan en toda la sociedad”, señala el sociólogo Cirilo Otero.

Según Hernández, los excarcelados no encuentran empleo porque el Gobierno no los liberó legalmente, no establecen un negocio porque sufren asedio de grupos oficialistas, y sus amigos los evitan para no terminar en la cárcel.

Hernández, quien agradece a “personas bondadosas que apoyan” a los excarcelados cree que la empresa privada podría emplearlos, pero casi medio millón de nicaragüenses perdió su puesto en 2018, según datos del sector privado, en un país que ya era el segundo más pobre de Latinoamérica.

“Es un poco tenso (...) tenso con la situación del asedio, con la situación económica, el qué vas a hacer cada día para sobrevivir, es difícil”, explica.

La tensión es constante. En el momento en que Efe conversaba con el estudiante excarcelado Gustavo Lanzas Crespín, el hotel en Managua donde se realizaba la entrevista fue rodeado por policías, que detectaron la presencia de opositores en su interior.

“En pleno siglo 21 estamos viendo que se sigue practicando una dictadura que lo que hace es reprimir a cada estudiante que se pronuncia en contra de lo que está pasando en el país”, se queja.

Lanzas, también acusado de terrorista, encarna la consigna opositora que dice “¡No eran delincuentes, eran estudiantes!”, en respuesta a las justificaciones de las autoridades ante la muerte o arrestos de cientos de jóvenes.

El estudiante cursaba cuarto año de medicina en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), cuando fue capturado en noviembre. Hoy no puede matricularse ni trasladarse a otra escuela. “Las notas están desaparecidas, como si tal nunca existí dentro de la UNAN”, afirma.

Lanzas, quien dice fue torturado en prisión, sufre de pánico, insomnio, depresión y pesadillas.

Aunque lamenta su situación, no se arrepiente de protestar contra el presidente Daniel Ortega y, al igual que Hernández, llaman a continuar “resistiendo”.

“Esta no debería ser la actitud de un Gobierno que verdaderamente quiere ver salir a Nicaragua adelante”, argumenta Lanzas.

Otero sostiene que “no hay Gobierno en Nicaragua, este es un Estado fallido, lo que quedaba del Gobierno ahora es una organización de personas dedicada a matar gente”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala al Gobierno por crímenes “de lesa humanidad” y le responsabiliza de la muerte de 326 personas en los últimos 14 meses. Organismos locales suman 594 víctimas, Ortega reconoce 200.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) unas 60.000 personas han abandonado Nicaragua por la crisis.

El exilio no es opción para los excarcelados porque sus documentos fueron expropiados por el Gobierno.

“Nos han quitado nuestros estudios, la libertad de expresión, hemos estado encarcelados físicamente, pero nuestro espíritu de lucha, de conseguir la libertad, la mantenemos firmes”, puntualiza Lanzas.