El empresario que inundó la red con noticias positivas del PP denuncia la “desproporción mediática” de Púnica

“Cinco instrucciones, cinco acusaciones, cinco juicios, cinco exposiciones mediáticas y, en síntesis, una tortura procesal inasumible en un estado de derecho”. Así expone la defensa del empresario Alejandro de Pedro las consecuencias que tiene para su defendido la decisión del juez Eloy Velasco de trocear en una docena de piezas el gran sumario de la ‘Operación Púnica’ -de las que cinco le afectan- con el fin de agilizarlo y llegar a juicio cuanto antes.

En su recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, De Pedro asegura no tener ninguna vinculación con Francisco Granados y David Marjaliza y denuncia que la supuesta trama creada en torno a él es fruto de “conjeturas” iniciales de los investigadores de la Guardia Civil que no han podido ser demostradas tras un año de instrucción por parte del juez Velasco.

No parece que así lo crea el magistrado. Velasco citó a declarar el pasado mes de junio a De Pedro dentro de la trama del pago en negro al empresario, a cambio de que sus empresas mejoraran la reputación en Internet del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o de la exconsejera de Educación Lucía Figar. En julio, nueve meses después de que fuera puesto a disposición judicial por primera vez, De Pedro se negó a declarar alegando que no se encontraba en una situación psicológica adecuada. El juez lo dejó marchar, no sin antes retirarle el pasaporte.

Detrás de los pagos a De Pedro, según el juez, estaría Salvador Victoria, al que los investigadores llegaron siguiendo el rastro de De Pedro. El empresario se dedicaba a posicionar en Internet noticias positivas de miembros del Gobierno madrileño o a ahogar otras negativas, como las relativas al origen del ático de Ignacio González. Para ello, el empresario utilizaba una red de diarios zombis, al menos 13 solo para la Comunidad de Madrid, aunque elconfidencial.com publicó que podía manejar más de 60 con ámbito de actuación en toda España.

En su recurso, el abogado asegura que “no hace falta invocar la desproporción mediática que ha tenido” su defendido en comparación “con la naturaleza de los hechos que se están juzgando”. “Esto le ha llevado a tener que cerrar una empresa con 26 trabajadores, a verse sometido en un juicio paralelo, cruel y desmedido, a no poder trabajar en un campo que era pionero (sic), a sufrir graves problemas personales y familiares”.

Los pagos a De Pedro en la Comunidad de Madrid habrían sido realizados por empresas adjudicatarias de la administración, entre ellas Indra. El propio De Pedro reconoció al juez tras ser detenido que un alto directivo de la multinacional española le entregó 10.000 euros en un sobre, durante un breve encuentro en el interior de un coche. El consejero delegado de la compañía, Javier de Andrés, y su director general, Santiago Roura, se encuentran imputados en la causa.

El juez sospecha que Victoria planeó también involucrar al Canal de Isabel II en los pagos a De Pedro. En una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el que fuera número dos de la Comunidad de Madrid llega a decir al joven emprendedor: “Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada”. Victoria declara este viernes ante Velasco, a petición propia, después de negarse a hacerlo cuando el juez le citó en julio. De la Audiencia Nacional salió el exconsejero de Presidencia de Madrid con la prohibición de abandonar España y una imputación por cuatro delitos de corrupción.

“Valoraciones subjetivas”

Ahora, el abogado de De Pedro denuncia un supuesto vicio de la investigación desde su origen. “Fruto  de las intervenciones telefónicas a David Marjaliza se intercepta el 20 de junio de 2014 una sola conversación con Alejandro de Pedro, que el operador policial y con posterioridad el instructor, interpreta con valoraciones subjetivas alejadas de elementales criterios de razonabilidad integrando a Alejandro De Pedro en una supuesta y figurada trama de financiación de partidos políticos en la comunidad con intervención del expresidente de la Generalitat, Eduardo  Zaplana, y el entonces presidente de la Generalitat”, relata el abogado.

El empresario comenzó a entablar relaciones con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, de donde es originario. Y de ahí saltó a Murcia, León, Madrid... La relevancia del empresario es tal que el juez le considera cabecilla de un entramado de tráfico de influencias “alternativo en mucha parte” al de David Marjaliza.

El 30 de octubre se cumplirá un año de su imputación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. No todos esos delitos responden a los trabajos de reputación online cobrados presuntamente en negro. Según el juez, esos trabajos “le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, en Murcia León y Madrid”, según el auto en el que Velasco le envió a prisión a finales de octubre de 2014.

Por el contrario, el abogado del empresario asegura que han sido las “iniciales conjeturas y la constante filtración del proceso en medios de comunicación” las que han conseguido asentar “una apariencia de vinculación inexistente (con otros implicados) y una posición de cabecilla que se aleja de la realidad”.

La defensa de De Pedro lamenta que, a raíz de esa aquella intervención telefónica en la que hablaba con Marjaliza, se organizara lo que denomina “investigación prospectiva” que un año después no se ha podido constatar “ni siquiera indiciariamente”. “Alejandro de Pedro no es Púnica, ni ha tenido vinculaciones societarias ni económicas de ningún tipo con Marjaliza o Granados. Es un empresario del sector de la comunicación online, de reconocida profesionalidad técncia, con un equipo de profesionales de primer orden, constatado por la naturaleza de los clientes”, alega el abogado Daniel Sala Paños. Esas empresas, continúa, pertenecen en su “mayor parte” al Ibex, o tienen “extraordinaria relevancia social y económica”. Como ha ocurrido con su trabajo para “los dos partidos mayoritarios, además de otras instituciones del Estado”, con las que ha trabajado “lícitamente”.