El empresario Tauroni cree que la Generalitat avalaba desvío de dinero cooperación

El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que permanece en prisión por el caso Cooperación, ha declarado hoy que la compra de oficinas con las subvenciones otorgadas para cooperación en Nicaragua estaba avalada por la Conselleria valenciana de Solidaridad.

Tauroni ha respondido a las preguntas de las partes, excepto a la Abogacía de la Generalitat Valenciana, en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra él y otras ocho personas por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional concedidas a la Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) en 2008.

Entre los procesados figura el que fuera conseller de Solidaridad, exportavoz del PP en Les Corts Valencianes y actual diputado autonómico no adscrito, Rafael Blasco.

Según la investigación, la Fundación Cyes recibió 1,8 millones de euros de la Conselleria de Solidaridad para proyectos de cooperación internacional, principalmente en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros, mientras que gran parte, 969.875 euros, se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia.

El 25 % de las subvenciones concedidas a esta fundación -456.960 euros- fueron a parar a la empresa Gestiones Iniciativas Arcmed, propiedad de Augusto César Tauroni.

Tauroni ha afirmado que el presidente de Cyes, Marcial López, le dijo que preguntó al exjefe de área de Cooperación Sergio Aguado si con el dinero de la subvención podía adquirir unas oficinas para la fundación para hacer los proyectos subvencionados y el responsable público le dijo que sí.

Ha destacado que la Fundación nunca ocultó que fuera a comprar unos pisos pues estaba incluido en el documento presentado ante la Conselleria para optar a las subvenciones y fue aceptado por funcionarios que, según ha dicho, “no están hoy aquí”.

“Frente al vicio de pedir, está la virtud de no dar”, ha señalado Tauroni, quien ha asegurado que López, a quien ha dicho conocer desde hace 15 o 20 años, estaba “muy angustiado” al enterarse por la prensa de que lo hecho estaba “mal”, pues ha insistido en que Aguado le orientó sobre lo que era subvencionable.

Tauroni ha manifestado que recomendó a Marcial López devolver el dinero o poner los pisos a nombre de quien le dijeran en la conselleria y le instó a huir de ese tema porque, según le advirtió, “la prensa te va a machacar sin tener ninguna culpa”.

Ha asegurado también que su primer contacto con el entonces conseller Rafael Blasco, procesado en la causa, fue cuando este era titular de la Conselleria de Bienestar Social, pues tenía un pequeño contrato con ese departamento para la gestión de las minusvalías.

A preguntas del abogado de Blasco, Javier Boix, ha señalado que la relación con el exconseller es “cordial” pero no de amistad; ha destacado que es una persona “muy humana” y que “siempre intenta ayudar a la gente”, y ha negado haberle pagado dinero o compartir negocios con él, así como haber recibido información privilegiada.