El empresario Victorino Alonso afronta una pena de 8 años por delito ambiental

El juicio contra el empresario Victorino Alonso por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en la explotación minera a cielo abierto 'El Feixolin', en Villablino (León), comienza el próximo lunes en la Audiencia de León con una petición fiscal de 8 años y 3 meses.

La misma condena que el Ministerio Público solicita por el mismo delito para el entonces jefe de la citada explotación minera, José Tascón, de acuerdo a las calificaciones previas a las que ha tenido acceso Efe.

En el banquillo de los acusados se sentará, además de Alonso y Tascón, el exalcalde de Villablino Guillermo Murias, para quien la fiscalía reclama quince meses de prisión por prevaricación.

El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace diecisiete años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados a cabo en “El Feixolin”.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía precisa que las sociedades Minero Siderúrgica de Ponferrada SA (MSP) y su sucesora, Coto Minero Cantábrico SA (CMS), realizaron de forma continuada en la explotación minera a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el paraje conocido como El Feixolín entre 1995 y 2008.

Según el fiscal, la actividad en El Feixolín “se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental”.

Añade que la explotación carecía de autorización para uso excepcional de suelo rústico ni de la cuenca correspondiente para actuar sobre el dominio público hidráulico, y tampoco para levantar edificios y construcciones en la cantera.

La explotación se encontraba “en pleno Espacio Natural 'Alto Sil' y en la Red Natura 2000, una zona con presencia clara de especies en peligro de extinción tales como el oso pardo o urogallo cantábrico y declarada Reserva de la Biosfera 'Valle de Laciana' por la UNESCO en el año 2004”, advierte el fiscal.

Agrega que la actividad provocó una afectación “gravísima” para el medio ambiente, incluso después de la intensa labor de restauración llevada cabo en la zona.

La vista oral, que debía haber comenzado el pasado lunes 24 de septiembre, se suspendió a petición del abogado de la defensa que alegó que Coto Minero del Cantábrico, que en 2008 absorbió a la MSP, encargada de la explotación de la mina en el momento en el que se cometieron las supuestas infracciones ambientales, no había recibido el escrito de acusación, por lo que no había podido preparar su defensa.