La exconsejera Martínez Aguayo, número 2 de Griñán, declara mañana por los ERE

El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía continúa mañana con la declaración de Carmen Martínez Aguayo, número dos de José Antonio Griñán durante su etapa de consejero de Hacienda (2004-2009) y quien le sucedió en el cargo al asumir la Presidencia.

Aguayo se enfrenta, al igual que Griñán, a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio en el que ambos son procesados, junto a otros 20 excargos de la Junta, por crear o mantener un “procedimiento específico” usado de 2001 a 2011 para repartir 850 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y evitando el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

La que fuera primero viceconsejera de Hacienda (2004-2009) y después consejera (2009-2013) asumió durante la instrucción la responsabilidad de que Griñán no recibiera los informes de la Intervención en los que alertaba de irregularidades en el sistema de las ayudas de los ERE, que el interventor consideraba “inadecuado”.

Los informes fueron siempre dirigidos, y así lo ha ratificado en este juicio el propio exinterventor Manuel Gómez (también acusado), a los consejeros de Empleo (el departamento que daba las ayudas), de Innovación (de quien dependía la agencia pública IDEA que las pagaba con fondos que le transfería Empleo) y Hacienda (responsable del control económico financiero de la administración).

Sin embargo, cuando estalló el caso ERE en 2011, Aguayo llegó a convocar a la prensa y a mostrar un carrito lleno de informes de la Intervención para admitir que no los leyó con detalle ni se los pasó a Griñán cuando era consejero de Hacienda porque contenían “discrepancias contables” pero ninguno era un “informe de actuación” que instara a tomar medidas.

“¿Alguien cree que yo puedo leer todo esto?” llegó a asegurar señalando el carrito repleto de archivos en una reunión con los medios el 11 de marzo de 2011, en la que trató de salvaguardar a Griñán -entonces ya presidente- de cualquier responsabilidad.

“En ningún momento el presidente de la Junta conoció los informes, y no los conoció porque no los tuvo que conocer, porque nunca se detectaron actuaciones que supusieran un menoscabo de fondos públicos. Ni supo ni tapó ni permitió”, aseguró, en un gesto de lealtad a su superior que en su día la prensa tildó de “inmolación” e incluso “harakiri” para salvar a Griñán.

Entonces ella era consejera de Hacienda y Griñán presidente del Gobierno andaluz y ambos acabaron imputados en el caso ERE, lo que les costó sus respectivas carreras políticas.

La misma tesis mantuvo en su declaración judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 8 de abril de 2015, que recibía “cien informes al año de la Intervención” pero nunca alertaron de ilegalidad ni menoscabo de fondos que les hubiera obligado a actuar sino de discrepancias sobre el sistema usado para pagar las ayudas de los ERE.

Ante el TSJA pidió declarar voluntariamente tras ser señalada por la instructora Mercedes Alaya, que no la podía imputar directamente por ser aforada como diputada andaluza, un escaño que mantuvo el tiempo suficiente para evitar a Alaya y comparecer ante el TSJA gracias a que fue incluida en la Diputación Permanente cuando el Parlamento fue disuelto al adelantarse las elecciones a marzo de 2015, comicios en los que ya no iba en las listas.

En 2016 la citó como investigada, ya sin aforamiento, la nueva instructora del caso, María Núñez, si bien ante ella se acogió a su derecho a no declarar y se limitó a ratificar lo dicho ante el TSJA.