El exconsejero Ojeda comparece el martes ante la juez por cursos de formación

El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda comparece como investigado el próximo martes por la actividad de las empresas de su Grupo Prescal, que habría recibido 33,3 millones con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo.

El empresario y exconsejero comparecerá ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que instruye la macrocausa de los cursos de formación pagados con fondos públicos que comenzó su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya.

Los 33,3 millones se concedieron en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), que fueron otorgadas en los años 2009 y 2010, según la juez.

Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos para una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, añade el auto de citación judicial.

Además, había una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas y dificultando su seguimiento, según la instructora.

La citación judicial se produce después de que Ojeda compareciera el 11 de abril en la comisión de investigación sobre los cursos de formación del Parlamento andaluz, en la que dijo que, como “un ciudadano normal, casi ejemplar”, vive “una nueva etapa” en su vida después de ser detenido en agosto de 2014 por su presunta implicación en el fraude.

Ojeda redujo todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta a “irregularidades administrativas, ni siquiera contables”, y se presentó como víctima de una presunta prevaricación “masiva” de la Junta que habría cometido contra “miles de empresas” de cursos de formación por no pagarles de forma “consciente y dolosa” el dinero que les corresponde.

Tras ser detenido en 2014, Ojeda denunció la operación policial y un juzgado de Cádiz abrió una investigación para saber si el inspector jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que elaboró el informe que motivó su detención cometió un delito de falsedad documental al elaborar el atestado.

En su comparecencia en el Parlamento, el exconsejero apuntó al “interés, a la campaña brutal” del Gobierno del PP en su contra, y señaló a un inspector de la UDEF mandado desde Madrid que “introdujo la deriva penal y trajo como consecuencia cientos de detenciones”, entre ellas la suya, en Andalucía.

El 22 de abril pasado, la ex directora general de Formación Profesional entre 2011 y 2013, Teresa Florido, cuñada de Ojeda, aseguró que no supo hasta que llegó al cargo que su familiar se dedicaba a la formación profesional.