El exconseller Blasco firma un acuerdo solo con el fiscal y admite malversación

El exconseller de Cooperación de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco (PP) ha firmado un acuerdo de conformidad solo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Cooperación y ha admitido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios.

El acuerdo de Blasco no se ha alcanzado con la Abogacía de la Generalitat Valenciana ni con la Coordinadora de ONGD, que ejerce la acción popular.

La cuarta jornada del segundo juicio del conocido como caso Cooperación ha empezado con más de una hora de retraso debido a que los pactos de conformidad alcanzados por el fiscal se han firmado antes del inicio de la vista.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el pacto suscrito por el exconseller consta de dos folios y en el mismo admite los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad de los que le acusa Anticorrupción (la acusación popular reclama además el de pertenencia a grupo criminal, o de forma subsidiaria asociación ilícita).

En dicho acuerdo consta que Blasco no ha recibido ni solicitado ninguna dádiva o presente como contraprestación a las maniobras ilícitas y que aporta bienes inmuebles para cubrir su responsabilidad civil.

Estos bienes son, según han informado las mismas fuentes, un bajo comercial en Valencia y un terreno en Carcaixent (Valencia) tasados por la defensa de Blasco en unos 600.000 y 200.000 euros, respectivamente.

El paso de Blasco por el banquillo donde los 24 acusados declaran apenas ha durado unos segundos, el tiempo que ha necesitado para limitarse a pronunciar tres síes con los que informaba a la sala de que conocía el escrito de conformidad presentado por su abogado y los hechos denunciados, y que admitía las penas que para él se reclaman.

La Fiscalía no ha informado a la prensa sobre el contenido de los acuerdos de conformidad, que tampoco han sido facilitados a todas las partes en el transcurso de la vista, lo cual ha suscitado algunas objeciones por parte de las defensas.

Finalmente, se han rubricado un total de 18 acuerdos de conformidad: seis totales (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora de ONGD), cuatro con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat y siete únicamente con la Fiscalía.

El último de los acuerdos es de la Abogacía de la Generalitat Valenciana con uno de los acusados al que la Fiscalía no acusaba, el empresario Fernando Cañete.

El acuerdo total se ha suscrito con los empresarios Carlos Andrés Chust, Rosa María Castel, Alberto Pampín, Miguel Ángel Climent, Luis Freire y José Bollaín.

El acuerdo entre la Fiscalía y la Abogacía ha sido alcanzado por el ex alto cargo Josep María Felip y los empresarios Alfonso Navarro y Jesús Urquiza, y Fernando Darder, presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras.

Los pactos firmados únicamente con Anticorrupción han sido los del exconseller Rafael Blasco, los ex altos cargos Agustina Sanjuán y Marc Llinares, los empresarios Augusto César Tauroni y Arturo Tauroni, Alina Lisenko, esposa de Augusto César Tauroni, y María Isabel Castillo, directiva de la Fundación Hemisferio

Respecto a estos últimos pactos, tanto la Abogacía de la Generalitat Valenciana como el letrado de la Coordinadora de ONG han expresado su disconformidad y han solicitado que el juicio continúe para tener ocasión de determinar las responsabilidades penales y pecuniarias de los procesados.

Los letrados de las defensas de aquellos procesados que no han alcanzado pacto alguno o al menos no con todas las acusaciones han reclamado a la sala que les permita tener acceso a las conformidades antes de determinar si sus defendidos declararán o no, o bien si renunciarán al testimonio de algún testigo.

En privado y fuera de la sala de vistas, algunos de estos letrados han mostrado su malestar con el hecho de que la Coordinadora Valenciana de ONGD insista en reclamar responsabilidad civil a los acusados y proseguir con una acusación, dado que consideran que no es parte perjudicada y que, por ello, la sala debería poner límite a sus pretensiones