El exdirigente del fútbol paraguayo, imputado por usura y lavado de dinero

La Fiscalía imputó este miércoles a Ramón González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por los presuntos delitos de usura y lavado de dinero, horas después de registrar su vivienda y dos de sus oficinas, donde se incautó de numerosa documentación.

El Ministerio Público informó en un comunicado que presuntamente cerca de 280 personas resultaron víctimas de esta estafa que consistía en cobrar un precio excesivo por los intereses de préstamos de dinero que sumaban en total más de 3,7 millones de dólares.

Ante esta situación, el fiscal Omar Legal pidió que se aplique contra Daher la prisión preventiva ya que existen “indicios de que podrían obstruir a la investigación”, debido a su relación con los deudores.

Además de Daher, también ha sido imputado en la causa su hijo, Fernando, a quien se le imputa solo el delito de lavado de dinero.

Ambos tendrán que acudir el próximo viernes 22 de noviembre a una audiencia judicial, en la que el juez decidirá la imposición de las medidas penitenciarias.

La investigación comenzó tras las denuncias de dos de las víctimas por el cobro excesivo de intereses, lo que permitió a los agentes descubrir el entramado de lavado de dinero.

En los tres allanamientos, que se han producido en la ciudad de Luque, a 10 kilómetros de Asunción, la Fiscalía se incautó de documentos vinculados a las operaciones comerciales, recibos de dinero, pagarés, títulos de propiedades y equipo informático.

Daher fue titular de la APF en un breve periodo de 2016, durante la transición entre Alejandro Domínguez, actual mandatario de la Conmebol, y el actual presidente, Robert Harrison.

Además, cuenta con más experiencia en la gestión de instituciones deportivas ya que en 2002 fue nombrado presidente del club Sportivo Luqueño, de la primera división, tras proclamarse vencedor de las elecciones al cargo.

Su hermano, Óscar González Daher, exsenador del oficialista Partido Colorado, se encuentra en arresto domiciliario por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

A finales de septiembre, la Fiscalía solicitó que se le abra juicio oral por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, al considerar que se infiere un origen desconocido y no justificado de sus bienes.