El exinterventor de la Junta arremete contra el informe de los peritos del Estado, clave en el caso ERE

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha arremetido hoy contra los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, dependientes del Ministerio de Economía, cuyo informe es una pieza clave para la acusación de 22 ex altos cargos de la Junta en el caso ERE.

Gómez fue interventor general de la Junta durante la mayor parte del periodo investigado en la causa (entre 2000 y 2010) y se enfrenta a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por un delito de prevaricación al no paralizar la concesión y pago de las ayudas sociolaborales que se repartieron siguiendo un “procedimiento específico” que presuntamente permitía otorgarlas de manera arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor que cerró la investigación.

Durante la instrucción declaró dos veces en el juzgado 6 de Sevilla y una ante el Tribunal Supremo y defendió que hizo decenas de informes alertando de “irregularidades” en cómo se daban y pagaban esas ayudas por el “uso inadecuado” aunque no ilegal de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo -que las concedía- a la agencia pública IFA/IDEA, que las pagaba con fondos de Empleo, pero que el Gobierno andaluz “miró para otro lado durante 10 años” a sus advertencias.

Mantuvo duros enfrentamientos al sentirse “agredido y acusado” por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros del Ejecutivo andaluz investigados cuando alegaban que el interventor nunca emitió un informe de actuación que les hiciera saltar las alarmas, pues defendió que sus advertencias eran suficientes como para que hubieran actuado.

Hoy, en el juicio en el que comparte banquillo con todos ellos, de momento no ha sido tan explícito e incluso ha llegado a señalar que con su actual perspectiva “no tenía sentido” que los informes de control financiero del IFA se enviaran no sólo al ente sino también a los consejeros de Hacienda y del departamento del que dependía IFA (hasta 2004 Empleo y a partir de ese año Innovación).

Sí ha sido muy crítico con los peritos estatales al ver un “exceso conceptual” llamar “fraude” a la fórmula con la que se contabilizaban en las cuentas de IFA/IDEA las transferencias de financiación que se usaban para pagar las ayudas, donde aparecían como ingresos porque “no era un gasto” propio del ente.

Ha insistido en que la Cámara de Cuentas permitía esa forma de contabilizarlas y tras un arduo debate contable, el fiscal le ha preguntado: “¿Si hubiera habido un uso correcto de las transferencias de financiación hubiera habido este problema?”, a lo que ha contestado “no, porque estarían contabilizados como ingresos y gastos las operaciones”.

También ha criticado a los peritos del ministerio por indicar la falta de informes de la Intervención sobre modificaciones presupuestarias que aprobaba la Consejería de Hacienda, al señalar que “es una cosa básica” que cuando es Hacienda quien aprueba las modificaciones la Intervención no tiene que informar.

Gómez ha subrayado que la Cámara de Cuentas en diez años nunca auditó a IFA/IDEA pese a ser uno de los entes instrumentales más importantes de la Junta ni el programa presupuestario de la Consejería de Empleo con cargo al cual se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales, ni recuerda un pronunciamiento que pusiera en cuestión el uso de las transferencia de financiación, sino que “eso lo han dicho los auditores de ocasión” en la causa.

“No me parece serio que la Cámara de Cuentas no haya dicho nada y los auditores vengan aquí diciendo lo que dicen”, ha alegado sin concretar más.