Expertos cuestionan la prohibición de donaciones de empresas a partidos y piden volver a legalizarlas con transparencia

Tres de los expertos que han comparecido este miércoles en la Comisión Anticorrupción del Congreso se han mostrado partidarios de permitir las donaciones de empresas a partidos políticos, pero con limitaciones y total transparencia, y han abogado por reformar en profundidad el Tribunal de Cuentas para convertirlo en un órgano verdaderamente independiente.

En ambos asuntos han coincidido durante sus respectivas comparecencias la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, Inés Olaizola Nogales, y el también catedrático y presidente de Más Democracia, Manuel Villoria.

Ambos han puesto de manifiesto que la última legislación que prohíbe las donaciones de personas jurídicas no se cumple de facto, puesto que las compañías tienen muchas facilidades para financiar indirectamente a las formaciones políticas promoviendo aportaciones individuales. Por eso han defendido permitirlas, siempre que se hagan con total transparencia y control.

En este sentido, Villoria ha recalcado que hay que saber quién financia y a la vez regular los lobbies y la denominada 'huella legislativa' para poder vigilar la influencia que las empresas donantes o 'lobbies' tienen en los partidos, saber cuántas veces se reúnen con sus miembros y si tras esas citas se modifican los proyectos legislativos.

EL EJEMPLO ALEMÁN

Por su parte, el director del Centro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPOC), Benigno Pendás, bajo la premisa de que los ciudadanos “tienen derecho a saber de dónde procede el dinero de los partidos”, ha subrayado la necesidad de que haya una transparencia total en esta cuestión y ha puesto el ejemplo de Alemania, donde grandes empresas hacen donaciones a partidos y todo el mundo lo sabe.

Respecto al Tribunal de Cuentas, Olaizola ha propuesto reformarlo para hacer un fiscalizador “de verdad”, “menos politizado e imparcial” y, en la misma línea, Villoria ha planteado renovarlo para “legitimarlo” y ha recordado que “la independencia se consigue eligiendo personas independientes”, que no sigan las consignas del partido que les propone e incluso ha sugerido que la parcialidad sea causa de cese.

En este punto, ha pedido acabar con la “endogamia” del órgano fiscalizador, que le exija que rinda cuentas, que sus miembros estén sujetos a un código ético interno de momento inexistente, y que se racionalicen sus salarios, ahora “absolutamente incongruentes” si se comparan con el del resto de funcionarios.

IMPONER SANCIONES

También ha denunciado que, pese a que los partidos “se han saltado muchas veces” los límites de gasto electoral el tribunal nunca ha impuesto ni una sola sanción y ha pedido penalizar los incumplimientos en transparencia.

Asimismo, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha pedido “despolitizar” el Tribunal de Cuentas, aunque, como Villoria ha reconocido que ha hecho un esfuerzo para ponerse al día y no demorar sus informes.

Además, Lizcano ha recomendado que se exija transparencia a los partidos “en todas sus cuentas”, incluido el ámbito local y autonómico, así como acometer la “asignatura pendiente” de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

En este punto también ha incidido Olaizola Nogales, quien ha

subrayado la necesidad de “meter mano” a las fundaciones porque, a su juicio, “no sirve de nada” que se pongan límites a las fuerzas políticas cuando cuentan con una entidad que “a veces” actúa de “trasvase”.

REGULAR LAS PRIMARIAS

Y es que, según ha explicado, este tipo de fundaciones no consolidan las cuentas con los partidos, no tienen límite en las donaciones que reciben ni en cuanto a quién puede donar ni en cuanto a la cantidad y, además, las publicaciones de sus cuentas sólo las han de realizar después del informe del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, Villoria ha planteado legislar sobre el funcionamiento interno de los partidos para fijar primarias --de modo que se hagan “bien” y no sean un “cachondeo”--, ha defendido que los congresos se celebren cada dos años, que se establezca un sistema de denuncias internas para quienes incumplan los códigos éticos y que los comités de ética sean realmente independientes. En concreto ha propuesto que sus integrantes no sean del partido.