El expresidente de Sony niega haber cobrado un millón de euros por deslocalización

El expresidente de Sony en España Pedro Navarrete Sanz ha negado hoy en la comisión de investigación del Parlament haber cobrado un millón de euros como comisión por la deslocalización de la planta de Viladecavalls (Barcelona) en 2010, aunque no ha aclarado su papel y se ha negado a responder preguntas.

Pedro Navarrete ha mantenido el silencio ante la inmensa mayoría de preguntas de los diputados, al igual que una hora antes ha hecho su esposa, María Jesús Muro, también ante la comisión de investigación del Parlament sobre el fraude, la evasión fiscal y la corrupción.

Tanto Navarrete como su esposa no están imputados pero sí que han declarado como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las múltiples conversaciones que mantuvieron con los implicados del caso ITV, entre los que se encuentra Oriol Pujol Ferrusola, imputado por tráfico de influencias.

El expresidente de Sony se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, pero, sin embargo, en el turno final ha tomado la palabra para quejarse de la “dureza” que los diputados han empleado a fin de recriminarle su actitud de falta de colaboración.

Después de señalar que no tenía voluntad de reírse de los diputados y que simplemente se acogía a su derecho a no declarar, Navarrete ha subrayado: “Yo nunca, ni directa ni indirectamente, he cobrado un millón de euros en relación con la intermediación por la venta de (la planta de Viladecavalls) de Sony”.

También ha expresado su “satisfacción por haber contribuido en un momento muy crítico para la economía del país, el año 2010, a poder salvar miles de puestos de trabajo, algo que no es poco”.

Ha precisado, en concreto, que fruto de las gestiones realizadas por la venta de la planta de Sony a Ficosa, se habían salvado mil puestos de trabajo directos y entre 3.000 a 5.000 de indirectos.

Navarrete no ha respondido a la pregunta de si, en consecuencia con lo que había dicho, consideraba erróneo el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario, en el que se indica que los investigados “cruzaron facturas” y que hicieron llegar una parte de la comisión por intermediación de 6,6 millones de euros, y en concreto un millón “al destinatario último”, que era él mismo.

Sony pagó a Ficosa 80 millones de euros por quedarse con la fábrica de Viladecavalls, empresa esta última que a su vez abonó los mencionados 6,6 millones de euros a los dos intermediarios que participaron en esta operación: el despacho de abogados de Tomás Fornesa y la consultora Alta Partners, perteneciente al empresario Sergi Alsina, imputado por la trama de las ITV y amigo del exdirigente de CDC Oriol Pujol Ferrusola.

Los diputados de la comisión han tratado de conocer los pormenores de la operación por boca del expresidente de Sony pero han chocado con la negativa de este último a indicar cuestiones como por ejemplo cómo había entrado en contacto con Sergi Alsina y sus conversaciones grabadas en torno a la trama de corrupción orquestada en torno a las estaciones de ITV.