La defensa del expresidente salvadoreño Saca y sus colaboradores piden libertad

Los abogados defensores del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus colaboradores, acusados de corrupción, pidieron hoy, durante la segunda jornada de audiencia inicial en su contra, que los procesados afronten la etapa de instrucción en libertad.

Saca y sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontan una audiencia inicial por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al malversar supuestamente 246 millones de dólares.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos” del exdirigente Saca, aún empleados de la Presidencia, y todos arrestados el domingo.

En este segundo día de audiencia, los abogados basaron su petición en que la Fiscalía no ha presentado pruebas de los delitos imputados y de que puedan escapar para tratar de “evadir la justicia”.

Los acusados son “chivos expiatorios porque la Fiscalía quiere satanizar el uso de cuentas reservadas”, aseguró la letrada Tania Pastor.

Alegó que el uso “discrecional” de los fondos “cuestionados” se debe a que estaban destinados a la “seguridad del Estado”.

El abogado Mauricio Velázquez dijo, por su parte, que las condiciones de los calabozos y prisiones en El Salvador no presentan las condiciones “humanas” requeridas para sus defendidos y que enviarlos a éstas supone una “pena adelantada”.

La Fiscalía ha pedido a la jueza Nelly Pozas que mande a prisión a los imputados, mientras durante seis meses se lleva a cabo una investigación judicial.

Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo” y, de ellos, lavaron 6 millones.

De ser enviados a juicio y ser declarados culpables, los acusados podrían ser condenados a un máximo de 12 años de cárcel por peculado, 18 años por agrupaciones ilícitas y 15 por lavado de dinero.

Por otra parte, hoy el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, admitió que trasladó fondos a las empresas de Saca como “pagos de publicidad” y que éstos “no fueron de forma ilegal”, como sostiene la Fiscalía.

“Ante especulaciones de la Fiscalía, reitero que mi Gobierno no hizo transferencias ilegales a empresas de Saca, salvo pagos de publicidad en radios”, indicó Funes en las redes sociales.

La oficina fiscal señaló, en el primer día de la audiencia inicial contra Saca, que durante 2010 la administración de Funes transfirió 983.000 dólares de manera “ilegal”.

“La Fiscalía tiene la misión de fastidiar y, como no me han encontrado nada, ahora quiere vincularme al esquema de Saca”, denunció Funes, quien está desde mediados de año asilado en Nicaragua.

El Ministerio Público aseguró recientemente que las transacciones con las que Saca malversó más de 246 millones de dólares continuaron al inicio de la gestión de Funes, la primera del actual partido oficialista y antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Saca, que gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del que fue expulsado en 2010, es el segundo expresidente salvadoreño de derecha llevado ante la Justicia por delitos de corrupción.

El fallecido Francisco Flores (1999-2004) afrontó un proceso penal por supuestamente malversar 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas destinados a la atención de las víctimas de dos terremotos que asolaron el país en 2001.